El 10 de junio entró en vigor el Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Distrito Judicial de Chetumal, que comprende Othón P. Blanco y Bacalar. Será implementado gradualmente en los otros municipios, hasta el 30 de abril de 2016, cuando se presente en Isla Mujeres y Benito Juárez.

Quienes piensan que la tarea ha concluido, están equivocados. Apenas comienza. Las reglas legales y las condiciones básicas están en marcha tras una inversión de 123 millones de pesos para capacitación, infraestructura y equipamiento, durante los últimos tres años, aplicada por los gobiernos estatal y federal. Ahora deben hacerlo funcionar. Y que funcione bien.

Quintana Roo es el decimoctavo en incorporarse y el segundo en poner en marcha el Código de Procedimientos Penales este año, lo cual refleja la coordinación entre los tres poderes y niveles.

Acerca de la implementación, es preciso identificar lo que podemos llamar “elementos inspiradores”, aquellos que serán impartidos para el ciudadano. Partamos de la premisa mayor: antes se detenía para investigar; ahora, es investigar para detener. Ninguna persona podrá ser condenada ni sometida a las medidas de seguridad sino existe una sentencia fundada, dictada por la instancia correspondiente. Todos tienen derecho a un juicio previo, oral y público, desarrollado en conformidad con las nuevas normas.

Es quizá la mayor garantía, pues no se podrá citar, arrestar, detener, encarcelar ni aplicar alguna restricción de libertad sino en ciertos casos y en la forma señalada por las nuevas leyes.

De la misma manera, debe destacarse la presunción de inocencia del imputado. Nadie podrá ser considerado como culpable ni tratado como tal en tanto no sea condenado por una sentencia firme.

Asimismo, la persona condenada, absuelta o sobreseída definitivamente por sentencia ejecutoriada, no podrá ser sometida a un nuevo procedimiento penal por el mismo hecho.

Hay, no obstante, algunos desafíos en la aplicación, detectados por quienes encabezan el gran proyecto, principalmente por Fidel Villanueva Rivero, presidente magistrado del Tribunal Superior de Justicia y principal promotor del modelo.

El sistema requerirá revisión constante en diversas áreas para mejorar sus resultados. Los desafíos podrían constituir problemas en distintos niveles de relevancia, aunque más allá de inconformidades en la ejecución de sanciones, el control de medidas alternativas o en la sobrecarga laboral en organismos, considero que habría dificultades en la coordinación del Ministerio Público con la Policía y en la reparación del daño.

La clave del primer aspecto radica en seleccionar mejor a los agentes. Cuando se prioriza un reclutamiento riguroso, la capacitación posterior se facilita. El inconveniente es que la mayoría desconfía de los policías y de los agentes de ministerios públicos, dos protagonistas de este modelo.

¿Cómo lograr la confianza? Primero, insisto, deben reclutar con nuevos criterios y no sólo para ocupar las plazas disponibles. La capacitación y los controles de confianza deben ser más frecuentes y a prueba de todo. Sólo así, con elementos capaces y eficientes, a la vista de todos, el ciudadano podrá otorgar más confianza.

Por otro lado, está la reparación del daño. No se puede correr el riesgo de generar expectativas falsas y una serie de distorsiones para el sistema en su conjunto.

En muchas otras ocasiones, el problema es que la víctima recibe muy poca retroalimentación en términos de lo que está pasando con la persecución penal, incluso respecto de aquellas dispuestas a colaborar.

En general esta imagen da cuenta de que nadie quiere hacerse cargo en serio de la víctima. Es cierto que la ley debe aplicarse sin emociones, pero buscar instancias efectivas para ayudar a la víctima después del proceso, puede convertirse en ejemplo, fortaleciendo y humanizando al sistema.

Hay tiempo. Un gran acierto es la implementación gradual, que permitirá corregir errores sobre la marcha y perfeccionar los procedimientos en aquellas instancias donde se detecten carencias.

El sistema ya es legal. Hay que procurar que todo el proceso sea legítimo.