La semana pasada confirmamos que aún en el país que se dice más civilizado – Estados Unidos – todavía se “cuecen habas” en materia de desprecio por los derechos humanos y de la legalidad internacional. Me refiero a la aplicación de la pena de muerte al mexicano Edgar Tamayo Arias en el estado de Texas.

No se habla de inocencia de quien, al parecer, confesó su crimen. Se trata de cómo las leyes internacionales son obedecidas o no según la conveniencia. Ya el máximo órgano judicial de la ONU –la Corte Internacional de Justicia– desde 2004 había sentenciado que debido a la violación al artículo 36 de la Convención de Viena el proceso debía ser repuesto porque al ahora ejecutado no se le permitió la adecuada asistencia consular –entre otras irregularidades– que podría cambiar la sentencia resultante del juicio. 

Y aquí no vale el argumento de la autonomía de un estado. La adherencia a tratados internacionales obliga a los firmantes y no es discrecional. 

Pero, por otra parte, el respeto a los derechos humanos –como la vida– no está a discusión o a expensas de si lo aceptan las legislaciones locales. Si así fuera, no dudemos que en algunos estados de la Unión Americana todavía las mujeres no pudieran votar o que un afroamericano no pudiera asistir a las mismas escuelas que un descendiente de anglosajones.

Punto y aparte, ha quedado por demás demostrada la ineficiencia de la pena de muerte para disuadir delitos. De hecho es –por fortuna– cada vez menos aceptada en el mundo entero.

Buen momento para recordar que la defensa de la libertad y de los derechos humanos es tarea de todos los días y no admite sosiego.

Con indignación nos damos cuenta que aún hay lugares donde sigue vigente la retrógrada ley del talión: ojo por ojo y diente por diente. Y con este pensamiento, por decirlo de alguna manera, el riesgo es que el planeta estaría repleto de tuertos y de chimuelos.