22 de Septiembre de 2018

Opinión

Un niño necesita más que operativos

Los derechos de la niñez deben ser protegidos en cualquier circunstancia, no sólo en fechas especiales o cuando el contexto político social lo requiere...

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Los derechos de la niñez deben ser protegidos en cualquier circunstancia, no sólo en fechas especiales o cuando el contexto político social lo requiere. Es obligación de las autoridades debido a marcos jurídicos concretos, pero más que eso, se trata de moral colectiva, de un acto de conciencia que involucra a todos.

Los recientes operativos en Cancún para prevenir la explotación laboral infantil es una reacción que no solucionará en breve el problema de fondo, si no se apoyan en asuntos legales, en presupuesto suficiente, en la promoción de los derechos o en un gran acuerdo de la comunidad.

Las realidades en torno a ello, en Quintana Roo, son diversas. Hoy existe trabajo infantil que afecta física, mental, social y moralmente a los menores, lo cual interfiere con la educación o les impide realizar actividades propias de su edad, limitando su desarrollo pleno.

Hay formas extremas de trabajo infantil en el Estado. Se habla de prácticas similares a la trata y a explotación sexual comercial, actividades en las que menores permanecen expuestos a gravísimos peligros.

Desde 2009 se tiene un panorama general. De acuerdo con los resultados del Módulo de

Trabajo Infantil 2009 de la Encuesta de Ocupación y Empleo (ENOE), en ese año había en el Estado 336 mil 418 niños de entre 5 y 17 años. De estos, el 13.7% se encontraba ocupado, y del total de ocupados, el 73.8% asistió a la escuela y el 26.2%, no. En cuanto al nivel de ingresos, el 47.7% no lo recibió por el trabajo desempeñado, 29.9% lo recibió hasta un salario mínimo y 23.7% por más de un salario mínimo.

Desde entonces hay un combate que, sin embargo, no ha sido efectivo como se desea. La realidad ha mejorado en cinco años gracias a la reforma constitucional que elevó el rango de edad laboral (de 14 a 15) y a programas focalizados del Gobierno del Estado que rinden lo necesario. Pero el problema persiste.

Desde 2011 al primer trimestre de este año, Seguridad Pública municipal tenía el registro de 72 incidentes ocurridos en la zona centro de esta ciudad que involucraron a niños y niñas, la mayoría en calidad de víctimas de maltrato infantil en sus diversas modalidades, pero principalmente a través de la explotación laboral mediante el comercio informal.

Durante los últimos meses se ha comprobado que, en la mayoría de los casos, quienes impulsan o presionan a los menores son sus parientes.

Existe registro de que las edades de los niños que realizan actividades de comercio informal en las calles de Cancún oscilan entre los 13 y 17 años, sin ninguna protección, en las avenidas Tulum, López Portillo, Kabah y Nichupté.

La Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de

Quintana Roo dispone que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser protegidos en su integridad contra toda forma de negligencia, descuido, abandono, maltrato físico y psicológico y abuso sexual, explotación laboral y sexual incluyendo dentro de esta última cualquiera de sus modalidades, como tráfico, prostitución, pornografía, turismo sexual infantil; el uso de drogas y enervantes, el secuestro, así como a no ser sometidos a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Como se consignó al principio: es obligación de las autoridades municipales y estatales ejecutar las acciones de prevención, pero también de otros factores.

Es momento en que el tema deje de abordarse desde una política sólo asistencialista emanada de los DIF, las Procuradurías de la Defensa del Menor y otros organismos afines. Así como se apela a la buena voluntad entre las instancias participantes en los operativos, oportuna sería la incorporación de grupos sociales en redadas, en la distribución del presupuesto o en el debate de las leyes generales al respecto. Se requiere pues, con urgencia, un gran pacto ciudadano en favor de la niñez y no sólo reacciones de coyuntura.

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