“Triste época la nuestra. Es más fácil desintegrar un átomo que superar un prejuicio”. Albert Einstein

En el país, el reencuentro entre el ámbito local, representado por municipios y estados (incluido el DF), y el federal, es tan urgente como conveniente. La elección federal, su secuela y la negociación para las reformas generaron inercias de desencuentro que es preciso resolver. La idea de que los gobernadores o los alcaldes eran obstáculos para la democracia y el buen gobierno no solo fue una generalización espuria, también fue falaz para la mayoría de los casos. 

En el PAN, algunos utilizaron la tesis, primero, como argumento para justificar la derrota frente al crimen organizado; después, para debilitar al PRI en su principal punto de fortaleza y, finalmente, como coartada para explicar la incómoda transición de partido gobernante a tercera fuerza política.

Las excepciones no pueden volverse la medida de lo real. De los tres partidos mayores han surgido buenos gobernantes y también están, los menos, quienes se ubican debajo de la expectativa. Hay gobernantes de excelencia a juicio de sus gobernados, como lo muestran los estudios semestrales de Gabinete de Comunicación Estratégica que se realizan en gobiernos locales y en 80 municipios. 

Y lo son, no obstante las circunstancias difíciles que encaran como la inseguridad y el reto de estar en la primera línea de la lucha contra el crimen organizado, así como las limitaciones de presupuesto y el régimen centralizado de las finanzas públicas.

El reencuentro debe ser un ejercicio de todos; no solo de los gobiernos, también de los partidos, del Congreso, del INE, de la iniciativa privada, de la sociedad organizada y de los medios. La calidad de un gobierno parte de las autoridades más próximas al ciudadano, las que inciden de manera directa en las condiciones de vida. 

Con frecuencia los medios privilegian la cobertura de los problemas en estados y municipios, pero pocas, muy pocas veces, atienden los logros, los avances y los éxitos. Estudios públicos de evaluación a cargo de instituciones independientes como Transparencia Internacional, Gabinete de Comunicación Estratégica o la revista Líderes muestran que hay muchas acciones positivas que deben ser rescatadas y reconocidos en las autoridades locales.

El PAN tiene una responsabilidad mayor en el necesario reencuentro de los tres niveles de gobierno. Por una parte, de origen, ha sido la fuerza política con mayor sensibilidad hacia la vida pública y cívica municipal y, por otra, es la que mayor crítica ha elevado a los gobiernos locales en el pasado reciente, no pocas veces con evidente motivación político electoral. 

El hecho de que los adversarios tengan mayor presencia en estados y municipios no los debe conducir al deterioro estructural de la autonomía local o al desprestigio institucional. Se requieren propuestas para mejorar a los gobiernos locales, nunca a suplantarlos o a disminuirlos a través del centralismo.

Asiste la razón a la dirigencia del PAN cuando destaca la necesidad de que los Congresos locales se concentren en la reforma político-electoral con prontitud. Aunque a las Cámaras federales les llevó demasiado tiempo concretar la reforma político-electoral, aquí hay un término que acatar. A finales de este mes, todos los órganos legislativos locales, especialmente los 17 que tendrán comicios en 2015, deberán ajustar su Constitución y sus ordenamientos políticos. 

Y esta obligación legal y política no debe ser moneda de cambio para participar en las leyes secundarias. No hace sentido porque todos coinciden en la necesidad de adecuar las leyes locales; la supuesta resistencia de autoridades locales o del PRI simplemente no es real, sí mediática.

He podido ser testigo de los trabajos que realizan varios estados en estas reformas y lo he advertido por igual en el norte que en el centro y sur del país, donde los Ejecutivos locales y los legisladores se empeñan en alcanzar una reforma tan virtuosa como políticamente viable. No advierto mora ni negligencia, solo una preocupación porque el cambio legal, además de ser congruente con la Constitución y con las leyes federales, también lo sea con la circunstancia presente y futura de sus respectivas entidades.

Las dos coordenadas políticas básicas del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto son las reformas y el federalismo; así se desprende del proyecto político que lo llevó de ser gobernador del Estado de México a la candidatura presidencial de PRI y PVEM y, posteriormente, a la Presidencia de la República por el voto mayoritario ciudadano. 

Estos elementos también están presentes y son evidentes en el equipo de gobierno y en el gabinete. La fisonomía del país el primer día de octubre de 2018, cuando comience un nuevo gobierno, será significativamente distinta. Por ahora, queda claro que el cambio, aunque se perciba lento, será profundo en la economía y en la política; quedará por verse la dimensión social y federalista de éste. Mucho es lo que habrá de concretarse en el ámbito de la política y del debate público, de ahí la necesidad de un reencuentro entre la Federación y las entidades de la Unión.

Los retos que enfrentan las entidades demandan apoyo de la Federación, especialmente en materia de seguridad. No existe un método único. Por ejemplo, en Chihuahua, Baja California y Nuevo León convino dejar la respuesta en el gobernador y en las autoridades municipales, fundamentalmente. En Michoacán, las condiciones eran totalmente diferentes y obligaron al gobierno federal a erigirse columna vertebral para la solución estructural. 

En Tamaulipas hay circunstancias que demandan la corresponsabilidad y la coordinación entre los niveles federal y estatal, un proceso que se ha llevado con prudencia y sensibilidad. Seguramente con persistencia se lograrán resultados alentadores para la población, especialmente en el sur del estado, en donde el problema es más agudo.

Uno de los aspectos que mayor entusiasmo despierta en las entidades tiene que ver con las oportunidades económicas que plantean las reformas. Desde la perspectiva nacional es difícil apreciar el significado de los cambios, no así en el ámbito local. Interesante será observar cómo compiten por esas inversiones y si están preparados. 

La reflexión también vale para la inversión en infraestructura o para la política social del gobierno federal. Es necesario volver la vista a las regiones, las entidades y los municipios del país, no solo como un reto de reconocimiento o presencia política, sino con la misión de fortalecer los pilares de un gobierno de calidad. Y, lo esencial, es hacerlo con ánimo de reencuentro.