En apenas seis días del nuevo gobierno se lograron acuerdos para aprobar y publicar el decreto para crear un marco legal para la participación de la Marina de Guerra en la lucha contra el narcotráfico.

Felipe Calderón propuso las reformas en octubre de 2009, y sólo hasta el 6 de diciembre se aprobaron; la mayoría precisiones en términos y adecuaciones. Un verbo salta en esas reformas a la Ley Orgánica de la Armada: coadyuvar, definido por la RAE como: “Contribuir o ayudar en la realización de algo o en el logro de alguna cosa”.

La iniciativa de Calderón, en esencia planteaba suprimir del artículo 1 de la Ley Orgánica de la Armada (LOAM) el verbo “coadyuvar” en la seguridad interior del país y hacer más contundente que la misión es emplear el poder naval en la seguridad interior.

Los cambios no se realizaron, sólo se agregó que la Armada debe ajustarse a los términos de la Constitución y los tratados internacionales en sus labores de seguridad interior y combate a la delincuencia organizada, lo cual ya está establecido en la LOAM.

Más importante era ampliar la jurisdicción de la Marina, pues desde 1941 se determinó “una faja de territorio nacional, de 10 kilómetros de anchura a partir de la línea de marea media”. Los navales operan más allá de ese límite, baste recordar que Arturo Beltrán Leyva fue abatido en Morelos, y Heriberto Lazcano “El Lazca”, en Coahuila, muy lejos de la costa.

No menos importante es el artículo 3 que establece que la Armada ejerce sus atribuciones por sí o conjuntamente con el Ejército y Fuerza Aérea o en coadyuvancia (otra vez el verbo) con dependencias del Ejecutivo Federal, cuando lo ordene el Mando Supremo, y podrán coordinarse con otros órganos de gobierno que así lo requieran. Esos otros órganos son los estados, sobre todo los del norte, que han reconocido la necesidad de contar con militares vigilando su territorio.