21 de Enero de 2018

Opinión

Va la demanda

Se busca la inhabilitación de los ex funcionarios para el ejercicio público.

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Ya son varios los meses de trabajo que está realizando un despacho del norte de la ciudad. Los que han entrado a esa oficina nos comentan que son más de veinte cajas que contienen datos, cifras, papeles, firmas y expedientes; el trabajo es de 24 horas diarias.

Pero de forma paralela se están haciendo puentes con las máximas autoridades surgidas del PRI para informales de los resultados que están surgiendo de dichos expedientes, sobre todo de las irregularidades que se descubren cada día. Hasta el momento los que saben de estos expedientes comentan que pueden afectar a varios ex funcionarios de la administración pasada, por los alcances que tiene la información.

Las llamadas se han hecho al Palacio de Gobierno, al Senado de la República, a la Cámara de Diputados, la Comisión Nacional Bancaria, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la de Gobernación y de estas comunicaciones ya tiene toda la información el CEN del PAN que va a llevar los documentos a la mesa de Pacto por México, ya que, según dicen los que saben, los datos son contundentes y revelan conductas delictivas.

La denuncia será en dos vías: una de carácter  penal y la otra administrativa y es por peculado con monto de 400 millones de pesos contra el patrimonio del Ayuntamiento de Mérida. Los personajes que se verían envueltos en la denuncia son la ex alcaldesa Angélica Araujo Lara, el ex alcalde interino Álvaro Omar Lara Pacheco, el ex director de Administración Raúl Ricalde Zárate, entre otros.

Se busca la inhabilitación de los ex funcionarios para el ejercicio público -los panistas están aprendiendo muy rápido, después de lo que le sucedió al ex alcalde de Hunucmá- y entre los argumentos que se filtraron está que el llamado Proyecto de Ahorro y Eficiencia Energética del Municipio de Mérida sirvió para la realización de un daño patrimonial de 400 millones de pesos, ya que sin el aval del Cabildo Meridano cambiaron las condiciones del contrato para que el Ayuntamiento le pague al Banco Santander $7.8 millones mensualmente, lo que al año representa 93.6 millones por la renta de las luminarias que antes eran del Ayuntamiento.

Sólo para tener un parámetro, con los 7.8 millones de pesos que va a pagar el Ayuntamiento se pueden comprar 19.5 casas en Francisco de Montejo que tienen un valor de 400 mil pesos o 28 casas en el fraccionamiento Vergel, que valen 270 mil y con los 400 millones que es el monto del presunto fraude se pueden construir 4 parques Animaya, repavimentar media ciudad e incluso hacer 5 pasos deprimidos.

La dueña de las lámparas que medio alumbran la ciudad es ABC Leasing, que realizó un factoraje financiero con Santander, nada más que las nuevas lámparas tuvieron un sobreprecio y no son de la calidad que se requería. Es verdad que el 24% del consumo de energía disminuyó, pero a consecuencia de poner lámparas de menor potencia; el nivel de iluminación disminuyó en un 20% y ahora el costo anual del servicio de alumbrado público ascendería a $231.6 millones, 62.6% más que en 2010, cuando se usaban lámparas de vapor de sodio.

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