Pasiones van, pasiones vienen; vocaciones e intereses, honrados y aviesos por igual, campean en la opinión pública quintanarroense luego del cambio de gobierno, con intensidad tal que las etiquetas “borgista” y “joaquinista” ya no definen nada, pues el gobernador Carlos Joaquín González es preconizado por integrantes del primer grupo y atacado por miembros del segundo, con sorprendentes apasionamientos que van desde el peregrino entusiasmo a la prematura decepción, expresiones opuestas de ciudadanos, burócratas y prensa incendiarias, iconoclastas o santificantes, dejando a la opinión pública sumergida en una confusión que enrarece el ambiente de la cosa pública y poco abona –o más bien se contrapone– al avance social de Quintana Roo. 

No olvidemos que esta fue la primera vez en la historia del estado en que ganó la gubernatura una coalición opositora al PRI, por lo que necesariamente –de manera natural– hay relevos en la clase política, en los medios de comunicación preponderantes y en los códigos a través de los cuales el gobierno busca establecer una nueva relación con los gobernados. Hablando en plata, preguntaríamos si los críticos que surgen como hongos por aquí y por allá son o se hacen. No tenemos hasta ahora noticias fehacientes de graves anormalidades en el cambio democrático pero las exigencias tanto de tirios como de troyanos son exageradas, al igual que el ánimo revanchista exacerbado contra el gobierno anterior que ciudadanos y hasta algunos funcionarios han transmutado inverosímilmente en descalificación para el actual.

Verdad: existen muchas dudas, que casi son certezas, sobre la recta actuación del gobierno encabezado por Roberto Borge Angulo. Éste fue sectario, excluyente e intolerante, generando un odio de la población en general y en particular de la de Chetumal. Hay que investigar de manera exhaustiva y en su caso fincar las responsabilidades y castigos a que hubiera menester.

Falsedad: el gobierno, luego del juicio sumario y extrajudicial de amplios sectores de la sociedad, debe meter a la cárcel, sin más, a los protagonistas del régimen anterior. Ni el propio gobernador, notable víctima de los excesos del borgismo, prometió una cacería de brujas ni acciones apartadas de lo prescrito por la ley. Es falso que Carlos Joaquín González haya prometido alguna vez sacar la cimitarra y cortar cabezas a diestra y siniestra, como si del régimen del “Terreur” de la Revolución Francesas se tratase. Lo que sí prometió es esforzarse por hacer imperar la legalidad, lo que implica seguir los cursos que prescribe la propia normatividad. Lo está haciendo, creemos.

Verdad: el movimiento del “cambio” que llevó al poder a Carlos Joaquín contó con la participación y el respaldo de mucha gente, hastiada a más no poder del corrupto régimen priista y que esperaba un gobierno diferente: democrático, transparente, honesto e incluyente, pero también eficiente y profesional.

Falsedad: el actual gobernador se comprometió a dar empleo en el gobierno a todos los que lo apoyaron en ese largo camino de rebelión contra el poder hegemónico de larga data, por lo menos de tres sexenios. Enarboló banderas sectarias o nativistas para reservar los puestos burocráticos para sus entusiastas seguidores y excluir de entrada a cuadros profesionales originarios de otras latitudes.

Verdad: hay un puñado de medios informativos y periodistas que “se la jugaron” con Joaquín. Una revista que se ha convertido en un periódico de alta calidad, inspirado en el diario Reforma; uno de los portales más importantes de la Península y hasta del país con sede en Cozumel y conocidos comunicadores malqueridos por el borgismo serían ejemplos de quienes se ganaron a pulso sitios de privilegio en su relación con el gobierno, al lado de los medios históricamente más influyentes. 

Mentira: Algo obliga moralmente a Carlos Joaquín a tratar a medios y periodistas por igual en la nómina por servicios de publicidad y difusión, aunque la ley diga que no debe discriminar por razones políticas. Hay niveles. Seamos realistas.