21 de Septiembre de 2018

Opinión

Verdugos de niños, ¡agárrense!

Existe una premisa ineludible en favor de la niñez, poco respetada en cualquiera de los contextos: el derecho a estar protegido contra la explotación económica...

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Existe una premisa ineludible en favor de la niñez, poco respetada en cualquiera de los contextos: el derecho a estar protegido contra la explotación económica y el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social.

Esta consigna de la Convención sobre los Derechos del Niño, se replica en términos similares en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Quintana Roo, marco jurídico que permite y justifica los operativos para combatir la explotación laboral. Esto constituye además el soporte legal de la campaña “Di no al trabajo infantil” de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Quintana Roo.

Lo que en Cancún está dando resultados, se repetirá en breve en Othón P. Blanco, Bacalar y la zona maya, pues se ha detectado una explotación infantil diferente, pero no menos dañina, en rubros del sector primario de la economía, sostiene el secretario del Trabajo, Patricio de la Peña, quien articula las estrategias para aplicar el programa en todo el Estado.

La idea original de la preventólogaBibian Castillo Dzul, subsecretaria de Seguridad Pública en Benito Juárez, encuentra un profundo sentido en la zona sur, donde aún hay menores explotados en el área rural desarrollando tareas forzadas, en la zafra y en la frontera con Belice, más allá de lo laboral. 
En las formas más extremas de trabajo infantil en esta región, los menores son sometidos asituaciones de “esclavitud” y prácticas similares como la trata, la explotación sexual comercial, separados de sus familias y utilizados para actividades ilícitas, expuestos permanentemente a serios peligros y a enfermedades.

De la Peña ha explicado que su Secretaría posee estrategias sustentadas en la "Comisión Interinstitucional del Estado para la erradicación del trabajo infantil y la protección de los Adolescentes trabajadores en edad permitida", que forma parte de un plan del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y por lo cual el gobernador Roberto Borge Angulo decretó su creación el pasado 5 de diciembre.

Como el problema es diverso participarán otras instancias clave, como Derechos Humanos, el DIF y Seguridad Pública, pues también es una labor igual de compleja en torno a convencer con argumentos válidos. En el trabajo infantil intervienen factores económicos como la pobreza y la desigualdad; culturales, como los que otorgan al trabajo un valor positivo aun cuando éste sea peligroso, y sociales, como la exclusión o vivir en regiones donde no hay oportunidades suficientes. Todo esto oculta realidades y, en ocasiones, vuelve ineficaces las acciones de gobierno.

Es una tarea en verdad complicada, insisto, pero hay que darle cara. La Ley Federal del Trabajo obliga a que los mayores de 15 años deben presentar el permiso expedido en las oficinas de la STyPS para que se les brinde la seguridad laboral que corresponde; es decir, permitirles seguir sus estudios, no trabajar más de 6 horas al día por una de descanso, sólo en horarios diurnos y no realizar labores riesgosas para su integridad.

Para estos casos, las instancias participantes fungirían como observadoras y podrían intervenir, en el ámbito de su competencia, para constatar las condiciones generales en que se desarrolla el trabajo de los niños detectados en áreas públicas, sobre todo en las vías de comunicación, situación fácil de constatar en los poblados, donde las víctimas se juegan la vida por unos cuantos pesos en lo cotidiano.
Las buenas intenciones deben encontrar cobijo inmediato y exhibir resultados concretos. Es obligación de las autoridades, municipales yestatales, evitar el deterioro delas condiciones de vida de los menores, así como lassituaciones que pongan en duda su desarrollo en completa armonía.

Existe una premisa ineludible en favor de la niñez, poco respetada en cualquiera de los contextos: el derecho a estar protegido contra la explotación económica y el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social.

Esta consigna de la Convención sobre los Derechos del Niño, se replica en términos similares en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Quintana Roo, marco jurídico que permite y justifica los operativos para combatir la explotación laboral. Esto constituye además el soporte legal de la campaña “Di no al trabajo infantil” de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Quintana Roo.

Lo que en Cancún está dando resultados, se repetirá en breve en Othón P. Blanco, Bacalar y la zona maya, pues se ha detectado una explotación infantil diferente, pero no menos dañina, en rubros del sector primario de la economía, sostiene el secretario del Trabajo, Patricio de la Peña, quien articula las estrategias para aplicar el programa en todo el Estado.

La idea original de la preventólogaBibian Castillo Dzul, subsecretaria de Seguridad Pública en Benito Juárez, encuentra un profundo sentido en la zona sur, donde aún hay menores explotados en el área rural desarrollando tareas forzadas, en la zafra y en la frontera con Belice, más allá de lo laboral. 
En las formas más extremas de trabajo infantil en esta región, los menores son sometidos asituaciones de “esclavitud” y prácticas similares como la trata, la explotación sexual comercial, separados de sus familias y utilizados para actividades ilícitas, expuestos permanentemente a serios peligros y a enfermedades.

De la Peña ha explicado que su Secretaría posee estrategias sustentadas en la "Comisión Interinstitucional del Estado para la erradicación del trabajo infantil y la protección de los Adolescentes trabajadores en edad permitida", que forma parte de un plan del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y por lo cual el gobernador Roberto Borge Angulo decretó su creación el pasado 5 de diciembre.

Como el problema es diverso participarán otras instancias clave, como Derechos Humanos, el DIF y Seguridad Pública, pues también es una labor igual de compleja en torno a convencer con argumentos válidos. En el trabajo infantil intervienen factores económicos como la pobreza y la desigualdad; culturales, como los que otorgan al trabajo un valor positivo aun cuando éste sea peligroso, y sociales, como la exclusión o vivir en regiones donde no hay oportunidades suficientes. Todo esto oculta realidades y, en ocasiones, vuelve ineficaces las acciones de gobierno.

Es una tarea en verdad complicada, insisto, pero hay que darle cara. La Ley Federal del Trabajo obliga a que los mayores de 15 años deben presentar el permiso expedido en las oficinas de la STyPS para que se les brinde la seguridad laboral que corresponde; es decir, permitirles seguir sus estudios, no trabajar más de 6 horas al día por una de descanso, sólo en horarios diurnos y no realizar labores riesgosas para su integridad.

Para estos casos, las instancias participantes fungirían como observadoras y podrían intervenir, en el ámbito de su competencia, para constatar las condiciones generales en que se desarrolla el trabajo de los niños detectados en áreas públicas, sobre todo en las vías de comunicación, situación fácil de constatar en los poblados, donde las víctimas se juegan la vida por unos cuantos pesos en lo cotidiano.
Las buenas intenciones deben encontrar cobijo inmediato y exhibir resultados concretos. Es obligación de las autoridades, municipales yestatales, evitar el deterioro delas condiciones de vida de los menores, así como lassituaciones que pongan en duda su desarrollo en completa armonía.

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