Elizabeth llegó con dolores de parto a la clínica del ISSSTE en Cancún, donde fue atendida por una ginecóloga del turno matutino, quien la presionó para que diera a luz en tiempo récord, pues pronto cumpliría su horario. Como no pudo, la especialista utilizó fórceps, sin consentimiento, los cuales le provocaron un daño neurológico severo al recién nacido.

Debió esperar horas para que el médico del vespertino concluyera el procedimiento, ya que su colega firmó salida sin retirar siquiera la placenta ni verificar la condición posparto. A un año, el niño lucha por salir adelante. No denunció, justifica, porque “nunca proceden”, ni tenía ganas de enfrentar un juicio de tal envergadura. Es violencia obstétrica, muy común, por desgracia, en centros de salud públicos y privados.

Según profesionales, la violencia obstétrica es toda conducta –acción u omisión– del personal de la salud, que de manera directa o indirecta, afecta el cuerpo y los procedimientos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y la patologización de los procesos naturales. Sobran historias como la de Elizabeth y ejemplos de estas nefastas acciones.

Dichas prácticas están penadas en la Constitución a través de diversos artículos, como el que protege la intimidad, la libertad personal y el que ampara el derecho a la integridad física y moral. Asimismo, el Senado aprobó en abril de 2014 tres dictámenes de modificaciones a las leyes de Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia y de Igualdad entre Hombres y Mujeres, entre otras, a fin de brindar mayor protección en la atención médica durante el embarazo, parto y puerperio.

Pero la mayoría lo desconoce o prefiere no actuar por la supuesta falta de certeza jurídica. Para avanzar, en algunos países se necesitó diálogo, investigación y mucho apoyo en relación con este problema de salud pública y de derechos humanos.

Para prevenir y erradicar el delito se requiere mayor respaldo de los gobiernos sobre cómo definir y medir el maltrato, así como suministrar la orientación técnica necesaria a las partes. Falta, por ejemplo, robustecer programas diseñados para mejorar la calidad de la atención centrándose en el respeto como elemento esencial.

Para ello se requieren más iniciativas para respaldar los cambios en el comportamiento de los médicos, los entornos clínicos y los sistemas de salud a fin de garantizar que todas las mujeres tengan acceso a servicios respetuosos, competentes y comprensivos.

“Entre otras iniciativas, pueden mencionarse el apoyo social a través de un acompañante elegido por la paciente, la movilidad, el acceso a alimentos y líquidos, la confidencialidad, la privacidad, la decisión informada, la información impartida sobre sus derechos, mecanismos de resarcimiento en caso de violación de derechos y garantía de un alto nivel de provisión de asistencia clínica profesional”, propone Martha Guadalupe Cervera López, secretaria de Estudio y Cuenta de la Sexta Sala especializada en materia familiar de Cancún.

Lo cierto es que hoy la cobertura, los diagnósticos, la atención, las decisiones y la rehabilitación dejan mucho que desear. La realidad la publicó este lunes la agrupación Acción Ciudadana Frente a la Pobreza en su Reporte Ciudadano sobre Calidad y Acceso Efectivo a la Salud, al revelar: “El sistema de salud mexicano carece de un mecanismo de mejora de la calidad de los servicios, como la entrega de medicamentos, demora en cirugías y estudios médicos, y no cuenta con información que permita a las autoridades cumplir las obligaciones a las que legalmente están comprometidas”.

La erradicación del maltrato y el respeto absoluto solo podrán lograrse mediante la participación de mujeres, administradores, organismos de capacitación, de educación y de certificación, asociaciones civiles, gobiernos, interesados en los sistemas de salud, comunicadores, investigadores y órganos internacionales.