El Congreso de Quintana Roo avaló la reforma a la Constitución Política del país en materia de asilo, mediante la cual se reconoce el derecho de todas las personas a solicitarlo y recibirlo. Con ello se fortalece el marco normativo para la protección de los derechos humanos de quienes lo necesitan, de acuerdo con los convenios internacionales en la materia.

Ha sido un gran paso legal, por encima de la voluntad permanente de un país caracterizado -durante toda su historia- por dar buen cobijo a los que huyen de crisis económicas, gobiernos autoritarios o guerras. La diferencia es que ahora lo amparará la ley superior y no sólo el criterio, cuando sea aprobado por los congresos locales. 

Como ha quedado a nivel local, se aclara que no a cualquiera ni por cualquier motivo se le reconocerá el derecho, sino sólo en los casos en que la vida, la seguridad, la libertad o la integridad personales estén en riesgo. Además no califican quienes se encuentren escapando de la justicia por delitos de orden común o por razones similares.

Esto pondría fin al debate. Para algunos defensores humanitarios, la diferencia entre asilo y refugio como planteaba el texto original implicaba un retroceso; además de que lejos de garantizar el derecho, convertía el procedimiento en una facultad “discrecional” de las autoridades. 

“Tanto la reforma constitucional como la reforma a la Ley sobre Refugiados son un retroceso ya que se retoma la vieja costumbre de diferenciar a las personas refugiadas de las asiladas, cuando ambas son personas que ejercen su derecho al asilo y que reciben protección internacional por parte de un estado del que no son originarios ni en el que tienen su residencia habitual”, subrayaba la agrupación “Sin Fronteras” frecuentemente en sus comunicados.

Los diputados quintanarroenses ponen el ejemplo sumándose a una causa no muy extraña para quienes habitamos aquí: la llegada de cientos buscando nuevas oportunidades porque en sus países no les fue bien. Y eso significa, en muchas ocasiones, que eran perseguidos por motivos de distinta índole.

Durante reuniones de cónsules honorarios y miembros de asociaciones civiles de extranjeros residentes, son comunes los casos de venezolanos, cubanos, colombianos o centroamericanos que han llegado buscando paz, trabajo y estabilidad a esta región. Por lo mismo, se advierte desde ya un quehacer continuo que deberá ser meticuloso debido a las excepciones, para evitar los engaños.

Para quienes la defendieron, la reforma siempre buscó garantizarlo fortaleciendo la tradición de solidaridad internacional. Lo que debe celebrarse, insisto, es esa vocación fraterna hecha ley. 

Trabajo sin excusas

Aun cuando la veda electoral y las campañas marcan dos ritmos distintos de trabajo, en Solidaridad ocurre algo especial porque la llegada incontenible de nuevos habitantes y turistas obliga a redoblar los esfuerzos por estas fechas. Caso contrario a lo visto en otros municipios, donde la prohibición de difundir –que no de cumplir– les permite a los servidores públicos darse un recreo.

La población actual gobernada por Rafael Castro Castro es superior a los 228 mil habitantes, según el Consejo Estatal de Población. De estos, más de 119 mil son hombres y poco más de 108 son mujeres. La tasa de crecimiento anual es de 6.80%.

A todos debe brindárseles servicios, principalmente luz, agua, iluminación, salud y educación, por lo que es imposible aflojar el paso, sobre todo cuando en el contexto pareciera que son puestos a prueba.

Sirvan los datos para que los candidatos de esta demarcación (serán las futuras autoridades) dimensionen los desafíos en uno de los paraísos que más atrae visitantes: casi 5 millones cada año.