Acaso por haber abusado en el uso de la promesa de justicia en su campaña para llegar a la gubernatura de Quintana Roo, Carlos Joaquín González corre el riesgo de que el tema del castigo a su antecesor Roberto Borge Angulo acabe por revertírsele en caso de que el brazo de la justicia no llegue hasta él.

Se ha dicho mucho que la eventual impunidad del mandatario anterior será casi inevitablemente percibida como un fracaso para el gobierno del cambio, a pesar de que queda cada vez más claro que todo depende de la voluntad del presidente Enrique Peña Nieto.

Habrá que ver qué alcances tiene la manifestación de hoy por inconformidades de la población con el actual gobierno, cuyo prometido cambio despertó enormes expectativas y quizás ahora será posible medir el descontento por medidas que han resultado muy impopulares, por lo menos en el fragor de las redes sociales.

La falta de capacidad para satisfacer las expectativas de quienes lo apoyaron, los despidos en las dependencias estatales y los desencuentros con los medios de comunicación, amén de la poca ayuda que ha recibido de su propio equipo, serán sin duda materia de la protesta organizada para hoy, pero la falta de castigo a Borge será en todo caso el leitmotiv.

Sería inocente pretender que la población entienda temas de fueros legales, competencias republicanas y responsabilidades en la procuración de justicia como para no culpar al gobierno estatal de lo que se percibe como impunidad por el saqueo perpetrado, sobre todo porque en particular el emblemático corrupto ex gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa anda a salto de mata por la orden de aprehensión que en su contra giró la justicia federal.

Es cierto que Miguel Ángel Yunes Linares se apuntó sonados éxitos en la devolución de dinero robado por Duarte, pero la percepción, así sea exagerada, es de un justiciero implacable y exitoso, cuando en las acciones legales contra el ex mandatario poco tiene que ver él. A Carlos Joaquín pudiera estar sucediéndole lo contrario a pesar de que muchas cosas no están en sus manos.

Lo cierto es que a los temas del naciente gobierno no se les ha dado un adecuado manejo de comunicación para, si no eliminar, disminuir las percepciones negativas de la ciudadanía. Un ejemplo notable es el del refinanciamiento de la deuda pública disparada en las administraciones anteriores: en vez de una explicación digerible de algo que de cualquier manera era necesario hacer las autoridades se empeñaron en cuestiones semánticas acerca de cómo se debe llamar a la extensión de plazos de pago para disminuir el compromiso mensual así sea al precio de un lógico aumento del monto total de intereses a pagar.