La exigencia, siempre en abstracto, de que el gobierno federal, el Congreso de la Unión y la mayoría de las legislaturas estatales dieran marcha atrás a la reforma educativa se convirtió, en pocos días, en una bochornosa necedad.

En el último tercio de agosto, los representantes de la inconformidad repitieron sus mismos falaces “argumentos”, entre los que resalta la mentirosa “privatización” de la enseñanza pública.

Pese a que reiteradamente se les invitó a presentarla, jamás entregaron siquiera un apunte (y ni hablar de un escrito formal) de su propuesta específica. 

No lo hicieron en cualquiera de las engañosas “mesas de negociación” o “diálogo” con funcionarios de la administración federal y legisladores de los tres principales partidos.

Para los obsesivos del detalle de las cosas de interés público, habría bastado escuchar, la semana pasada, a uno de los dirigentes de la Coordinadora falsamente Nacional de dudosos Trabajadores de la Educación (MILENIO Tv) diciendo que la CNTE “jamás se ha equivocado” (no figura este dato en los Records Guinness), o al que ayer alertaba contra la aprobación “fastraks” de la Ley General del Servicio Profesional Docente que anoche, muy explicablemente, se aprobó como era ya justo y necesario: fast track.

El diputado Manlio Fabio Beltrones, sabedor y sin rodeos pero con elegancia, dijo el sábado que no era “obsequiable” la única propuesta en que los delegados insistieron siempre: la abrogación de los artículos tercero y 73 de la Constitución.

Dicho de otra manera: imposible satisfacer a la CNTE, como tituló MILENIO de ayer su nota principal.
Por desagradables que estén siendo las protestas callejeras escenificadas en la Ciudad de México y otros lugares (ayer de nueva cuenta en Oaxaca) por el sector menos presentable y digno del profesorado nacional, justo es resaltar que aún, entre quienes cacarean una sociedad “igualitaria”, hay clases, y que ni los militantes de la CNTE ni los desdibujados del #YoSoy132 dudaron en deslindarse de los encapuchados que ayer quisieron montar una nueva agresión contra la capital del país, en lo material, y contra los policías a cargo de la seguridad pública.

De lo perdido lo hallado, pues. 

Consumada ya la reforma educativa, desde el punto de vista jurídico, a sus opositores no les quedará más opción que, como sucede con el resto de la población mexicana, apechugarla y acatarla como se apechugan y acatan todas las normas y leyes constitucionales (incluido, por cierto, el pago de impuestos, desagradable quizá para la mayoría de los causantes).

Bien lo dijo el coordinador de los diputados perredistas, Silvano Aureoles, en MILENIO Tv a Néstor Ojeda: los cambios legislativos no son para castigar, despedir o disminuir los derechos laborales del magisterio, sino para mejorar la educación de niños y jóvenes que los paristas, por ejemplo en Oaxaca, mantienen (1.3 millones de alumnos) en el indignante último lugar de aprovechamiento escolar de todo el país.

Lo demás es lo de menos.