La toma de las instalaciones de Calica, en Playa del Carmen, por parte de militares y policías, obedece a la orden de un juez civil de Quintana Roo, confirmó la empresa Cemex que ha interpuesto dos demandas contra la trasnacional de origen estadounidense, las cuales resuelven los juzgados civiles de Playa del Carmen.

La primera de ellas es por providencias precautorias relacionadas con el incumplimiento de alguna obligación en sus acuerdos contractuales entre ambas empresas. Es resuelta por el Juzgado Primero Civil de Primera Instancia bajo el número de expediente 139/2022. Fue admitida el pasado 15 de diciembre.

La segunda demanda y la que finalmente originó la intervención de las fuerzas castrenses en los terrenos al sur de Playa del Carmen, es una interdictal de retención de posesión, que resuelve el Juzgado Oral Civil, bajo el número de expediente 48/2023. Ésta fue admitida el pasado 17 de febrero.

Se trata de demandas de la cementera contra las sociedades mercantiles Calizas del Carmen y Rancho de Piedra Caliza, de nombre comercial Sac-Tun, mejor conocida como Calica.

“Cemex tiene una relación contractual vigente con Calica, una subsidiaria de Vulcan Materials en México, para el uso de la terminal marítima localizada en Playa del Carmen, Quintana Roo. Este acuerdo privado entre ambas compañías comenzó hace más de 20 años y, desde entonces, Cemex había utilizado continuamente la terminal para transportar productos de cemento”, ha dado a conocer Cemex en un comunicado enviado a medios.

Según la cementera, tras demandar a Calica, un juez local de materia civil le otorgó medidas cautelares a su favor y pudiera operar en el interior del puerto de Punta Venado.

Sin embargo, Calica se negó. Cemex denunció penalmente a la trasnacional por desacato judicial ante la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, afirma dicha empresa, por lo que le fueron otorgadas medidas cautelares aún más fuertes, las cuales se dejaron ver con la llegada de efectivos de la Marina y Ejército Mexicano que actualmente resguardan el lugar y permiten ingresar a la cementera para operar.

Todas estas acciones se encuentran radicados en los juzgados civiles de Playa del Carmen. El tema ya escaló a un plano de conflicto diplomático entre México y Estados Unidos que ha tenido reacciones que han llegado hasta el presidente Joe Biden.