Eric Galindo

Cancún.-Los fiscales anticorrupción y el funcionario borgista Javier Ernesto Rosado Sauri, quien se desempeñaba como presidente de la Junta Especial Número 3 de Conciliación y Arbitraje,  acusado por el delito de negligencia en su cargo, llegaron a un acuerdo que consiste en la suspensión del proceso de pruebas durante seis meses, lapso que tendrá que firmar cada 15 días en los juzgados orales.

La mañana de ayer se llevó la audiencia intermedia en la sala oral dos del Poder Judicial del Estado, en la carpeta administrativa 164/2018 en contra Rosado Sauri por el delito de negligencia en el desempeño de su cargo.

Este ex funcionario público fue señalado de omitir hacer exhortos conforme a la ley y violaron los derechos de la víctima, por lo cual se le inició un procedimiento penal.

En su momento un juez de control lo vinculó a proceso y le fijó como medidas de seguridad que no saliera del país y una pagar una garantía económica de diez mil pesos, además de firmar cada 15 días.

Sin embargo, el ex presidente de dicha junta se acogió a un beneficio que le otorga la ley, solicitar una salida alterna para que se concluya el proceso penal en su contra, previo acuerdo con los fiscales anticorrupción y que el delito no rebase los cinco años de prisión.

El juez de control determinó aceptar el acuerdo y suspendió el proceso penal durante seis meses, pero de no acatar dichas medidas planteadas en la audiencia por los fiscales, dicho proceso se reanudará.

Una vez que concluya los seis meses, el ex funcionario público podrá solicitar al juez de control el sobreseimiento (conclusión) del proceso penal.

Los fiscales señalaron que no hubo una garantía económica como reparación del daño, ya que a la víctima se le subsanó lo que le faltaba a su expediente laboral.

En dicha audiencia intermedia Rosado Sauri solicitó al juez de control la devolución de la garantía económica de diez mil pesos que depositó.