Adrián Barreto/SIPSE
PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Los casos en los que ex funcionarios que acompañaron a Mauricio Góngora Escalante y a Rafael Castro en la pasada administración incurrieron en actos que se presumen ilegales, se han incrementado conforme avanzan las revisiones documentales y han generado a la fecha 40 auditorías, 15 más que en mayo pasado.

De acuerdo con Ludwig Paul Cárdenas Lugo, contralor municipal, esas auditorías se distribuyen en varias dependencias de los tres órdenes de gobierno, incluida la que él dirige, pero también la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo (Aseqroo) y la Secretaría de la Función Pública.

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Hasta mayo, eran 25 las auditorías en trámite, y las que son competencia de la Federación han sido ya turnadas a la ASF y el ayuntamiento está en espera de las más avanzadas en cuanto a la integración de los expedientes; se prevé que la Federación solicitará solventar observaciones a cada caso, o de lo contrario podría fincar responsabilidades contra ex servidores.

También en esas 25, se incluyen las de nivel estatal, de donde se desprende la Aseqroo, incluyó a Solidaridad y los ex funcionarios del gobierno de Mauricio Góngora y Rafael Castro, entre las 27 de demandas que hará por el desfalco de 11 mil 813 millones de pesos, entre los ejercicios fiscales 2015 y 2016, de los que 88 millones corresponden a este municipio.

De mayo a la fecha, se han iniciado otras 15 auditorías, su contenido no es revelado por reservas al Sistema Penal Acusatorio, pero no se descarta que de esas, se desprendan otras demandas penales que hará el ayuntamiento como las tres que ya interpuso en lo que va de la administración.

Hasta ahora con las cuatro denuncias que ha interpuesto el ayuntamiento, todas de carácter penal y una de ellas ante la Procuraduría General de la República (PGR), se ha documentado una afectación al erario de más de 350 millones de pesos por parte de Mauricio Góngora, Rafael Castro y funcionarios que se desempeñaron en su trienio 2013-2016.

De las tres que se interpusieron ante la Fiscalía estatal, la presidenta municipal, Cristina Torres Gómez, espera prontamente que se generen órdenes de aprehensión, aunque el fiscal Miguel Ángel Cen Pech, ha dicho que se siguen integrando los expedientes.