14 de Diciembre de 2018

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Barcos Caribe, el negocio de la familia del ex gobernador

La empresa inició actividades en 2015, propiedad de la familia del ex gobernador Roberto Borge.

La empresa naviera ya tenía antecedentes de accidentes antes de la explosión del miércoles, donde 18 personas resultaron lesionadas. (Foto: Barcos Caribe)
La empresa naviera ya tenía antecedentes de accidentes antes de la explosión del miércoles, donde 18 personas resultaron lesionadas. (Foto: Barcos Caribe)
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Adrián Barreto/SIPSE
PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Tráfico de influencias, investigaciones por posible evasión al fisco, naves de dudosa calidad y la familia del ex gobernador Roberto Borge Angulo, es lo que envuelve a Impulsora Marítima de Quintana Roo y del Caribe S. A. de C. V. que comercialmente lleva el nombre de Barcos Caribe.

La empresa nació en 2012 cuando fue registrada su razón social ante fe notarial, pero fue hasta el 2015 cuando Franco González Padrón (padre de Juan Carlos González Hernández y tío de Félix González Canto) y César Celso González Hermosillo y Melgarejo, supuestos socios, iniciaron operaciones de Barcos Caribe con un capital de 200 mil pesos.

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Previamente, el 9 de diciembre del 2014 el Cabildo de Solidaridad que encabezaba Mauricio Góngora Escalante le otorgó a la empresa la concesión para usufructuar la vía pública durante 15 años.

Ese permiso para la venta de boletaje a las afueras del muelle fiscal de Playa del Carmen, que luego de la firma del acta fue modificada para hacerlo duradero durante 50 años, se había dado fast track incluso previo a hacerlo público, dado que era una orden desde el ejecutivo estatal; la ratificación en el Congreso del Estado llegó en marzo del 2015 cuando la empresa ya estaba en funciones.

Para cuando inició operaciones, además de la caseta de venta, Barcos Caribe había adquirido dos ferrys tipo catamarán “de segunda mano” con un costo de 4 millones 900 mil dólares -navíos que fueron señalados por carecer de la calidad indicada para navegar con pasajeros y porque uno de ellos tenía ya antecedentes de accidentes-, y su inscripción al Registro Público Marítimo Nacional.

El SAT anunció en marzo del 2017: una investigación a Barcos Caribe por la compra de cuatro embarcaciones...

A Franco González Padrón y César González Hermosillo y Melgarejo se unieron como socios Álvaro Martín Martín, el hotelero Elías Jorge Moussa Tanus y Roberto Borge Martín, padre del ex gobernador Borge Angulo, a quien después le negaron, en junio del 2015 la participación accionaria.

En sus tres años de operaciones, el Caribe y Caribe II, de matrículas 2304151221-1 y 2304151121-6, respectivamente, acumularon hechos en los que pusieron en duda su estabilidad, pues cuando hay intenso oleaje sus capitanes no pueden atracarlos en el muelle de Playa del Carmen lo que ha generado que un par de ocasiones hayan tenido que regresar a Cozumel con todo y pasajeros.

Pero también ha acumulado revisiones de la autoridad, como la que el SAT anunció en marzo del 2017: una investigación a Barcos Caribe por la compra de cuatro embarcaciones, una operación que no fue reportada al fisco y que alcanzó los 299.9 millones de pesos. La investigación del SAT incluyó 21 transferencias bancarias de la empresa a sus proveedores entre septiembre del 2015 y octubre del 2016 que no fueron declaradas.

Producto de ese expediente, dos de las cuatro embarcaciones se mantienen en costas del continente africano, por lo que hasta ayer Barcos Caribe tenía dos en el Caribe mexicano, uno de ellos fuera de servicio en hace dos meses y el otro explotó parcialmente ayer.

También a la par de ese expediente del SAT, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa)  demolió en marzo del 2017 la caseta de boletaje que Mauricio Góngora ex presidente municipal de Solidaridad  y el Congreso le autorizaron a Barcos Caribe, luego del fallo de un juez que negó el amparo a la empresa por la clausura que la dependencia le hizo por carecer de permisos de impacto ambiental.

Recientemente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) anunció que la empresa identificada como patrimonio borgista, entre otras familias cozumeleñas, ha violado las condicionantes de su concesión, por lo que ésta puede serle retirada.

Celso González Hermosillo y Melgarejo forma parte de las personas involucradas que compraron a precio de remate 25 inmuebles que eran patrimonio del Estado de Quintana Roo y que fueron asegurados por la Procuraduría General de Justicia.

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