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PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- La Procuraduría General de la República (PGR), pidió una orden de aprehensión en contra de Mauricio Góngora Escalante, ex alcalde de Solidaridad y ex candidato a la gubernatura del Estado por el PRI, como presunto responsable de desvío de recursos federales por varios millones de pesos.

Estas solicitudes de aprehensión también pesan contra cinco ex colaboradores de Roberto Borge, por el mismo delito: Gabriel Mendicuti Loria, ex secretario de Gobierno; Bibiano Villa Castillo, ex titular de Seguridad Pública; Juan Pedro Mercader, también ex secretario de Seguridad Pública y ex titular del Infovir; Juan Pablo Guillermo Molina, ex titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, y Fernando Escamilla, ex titular de Infraestructura y Transporte, informa El Financiero.

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Hay otros ex funcionarios que también tienen una orden de aprehensión, pero del fuero común, por el delito de desempeño irregular de la función pública, prevista y sancionada con pena privativa de libertad y multa, según el artículo 207 fracción V del Código Penal de Quintana Roo: Gonzalo Abelardo Herrera, ex titular de la Función Pública; Mario Castro, ex delegado de Diconsa; Ercé Barrón Barrera, ex titular de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo; Luis Alberto González, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural; Román Quián, ex secretario de Gobierno, y Víctor Hugo Loyola, ex procurador fiscal.

A fin de evitar ser detenidos, los exfuncionarios ya tramitaron sus amparos.

Góngora Escalante tiene que comprobar el destino de 400 millones de pesos durante su gestión al frente de la Comuna playense, al igual que su ex tesorero, Rafael Castro.

Mendicuti Loria, quien durante su paso por la Secretaría de Desarrollo Agrícola se presume desvió recursos de caminos sacacosechas. Mercader Rodríguez, quien como titular del desaparecido Instituto de Fomento de la Vivienda gestó la venta de terrenos de manera irregular.

Guillermo Molina, extitular de Finanzas, se encuentra inmiscuido en el presunto desvío de 220 millones de pesos del Impuesto al Hospedaje.