Londres.- Reguladores privados en Irlanda han abierto dos investigaciones sobre la manera en que Instagram maneja los datos personales de menores de edad.

La Comisión de Protección de Datos de Irlanda informó que lanzó las pesquisas en septiembre después de recibir quejas sobre la compañía. Facebook, que es propietaria de Instagram y que tiene su sede europea en Irlanda, indicó que se encuentra en “contacto cercano” con la comisión y “coopera con sus indagaciones”.

Las pesquisas fueron reportadas por primera vez la noche del domingo por el diario británico Daily Telegraph, que publicó que las pesquisas se dan luego de que un experto en datos de Estados Unidos manifestó su preocupación de que Instagram hizo públicos emails y números telefónicos de personas menores de 18 años. La edad mínima para usar Instagram es 13.

El experto en datos David Stier dijo el año pasado que su estudio concluyó que la información de contacto de quienes modificaron sus cuentas a cuentas empresariales aparecía en su perfil, incluyendo menores de 18 años.

Quienes optaron por este cambio aparentemente lo hicieron para poder acceder a estadísticas sobre cuántos “likes” recibían sus publicaciones, luego de que Instagram eliminara esa opción de las cuentas personales en algunos países como una medida a favor de una mejor salud mental.

Facebook afirmó que ha actualizado sus cuentas empresariales tras los hallazgos de Stier y que la “gente ahora tiene la opción de no incluir su información de contacto en su totalidad”.

Facebook podría recibir una multa de al menos 20 millones de euros

Una de las investigaciones analizará si Facebook cuenta con los dispositivos de seguridad adecuados para menores de edad y los fundamentos legales para proteger sus datos. La otra se centra en si la configuración de perfil y cuentas de Instagram son apropiadas para menores de edad y si cumplen con las estrictas normas de privacidad establecidas por la Unión Europea.

Las compañías pueden recibir multas de hasta 4% de sus ingresos anuales o 20 millones de euros (24 millones de dólares) —lo que sea más elevado— por violar el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea.