La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) fue obligada a presentar dos denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra un particular, el cual construye un megaedificio en una zona de anidación de la tortuga marina en Bahía Solimán, Tulum.

Las denuncias, de acuerdo con el expediente 151/2024 de amparo indirecto que resuelve el Juzga do Octavo de Distrito, son por los delitos de quebrantamiento de sellos oficiales y contra la biodiversidad, luego de que un particular, quien debió parar las obras por imposición de una clausura, no lo hiciera.

“Se tiene a la autoridad responsable realizando un informe sobre las acciones tomadas con motivo de la resolución sobre el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva con cedida”, se lee en el acuerdo dictado ayer miércoles.

Este juicio de amparo tiene como autoridad responsable a la Profepa, y fue iniciado por la asociación civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (Dmas) en febrero pasado.

Demanda contra la dependencia federal

La asociación civil demandó, a través del amparo, a la dependencia federal porque se negaba a acudir a Bahía Solimán, en Tulum, a supervisar y parar la obra identificada como Adamar Solimán, un condominio de siete niveles que ya se estaba comercializando.

El 7 de mayo, personal de la Profepa acudió al lugar y colocó un sello de clausura; sin embargo, horas después los trabajadores del sitio reiniciaron los trabajos, es decir, quebrantaron el sello.

Dmas promovió entonces diversos recursos para obligar a la Profepa a actuar y dar parte al Ministerio Público sobre la violación de leyes que se estaba materializando en el lugar por estas acciones.

Este caso salió a la luz pública en noviembre de 2023, cuando vecinos dieron a conocer qué agentes inmobiliarios comenzaron a promocionar el desarrollo Adamar Solimán; sin embargo, sin permiso alguno de impacto ambiental, pre vio porque la obra apenas se estaba construyendo.