Agencias
BUENOS AIRES, Argentina.- La Agencia Federal de Inteligencia creada por la presidenta Cristina Fernández dedicará parte de su tarea a combatir los ataques contra el orden democrático provenientes de grupos económicos o financieros.

Así lo establece la "Nueva doctrina de inteligencia nacional" publicada el martes en el Boletín Oficial que explica cuáles serán las atribuciones del organismo creado por ley en febrero en reemplazo de la vieja y cuestionada Secretaría de Inteligencia del Estado.

Uno de los puntos de la doctrina establece que la Agencia Federal de Inteligencia tendrá que evitar "los atentados contra el orden institucional y la vida democrática, ya sea que se trate de grupos políticos y/o militares... o se trate de grupos económicos y/o financieros".

Son nombrados como posibles agresores las "empresas, bancos, compañías, financieras" que "lleven a cabo acciones tendientes a la desestabilización de gobiernos democráticos mediante corridas bancarias y cambiarias, desabastecimientos, golpes de mercado".

De acuerdo con The Associated Press, Fernández ha acusado en distintas ocasiones a corporaciones financieras nacionales y extranjeras y a grandes medios de comunicación de intentar desestabilizar su gobierno. Sus mayores diatribas en los últimos tiempos fueron dirigidas a los fondos de cobertura que reclaman a Argentina el pago de unos mil 500 millones de dólares por títulos públicos en cese de pagos desde la crisis de 2001.

Al explicar los alcances de la doctrina, el titular de la agencia de inteligencia Oscar Parrilli dijo en rueda de prensa que estará dirigida contra "terrorismo, atentados contra la vida democrática, la criminalidad organizada, el narcotráfico... la delincuencia económica y financiera y el tráfico de armas".

A su vez destacó la decisión de pasar las intervenciones telefónicas de los servicios secretos al Ministerio Público Fiscal. Pero la medida fue criticada por los opositores que sostienen que la jefatura de ese organismo judicial responde al gobierno y que dichas intervenciones deberían estar a cargo de la Corte Suprema.

Pero el ex titular de los servicios de inteligencia Miguel Ángel Toma (2002-2003) afirmó en un comunicado que el gobierno "intenta legalizar el espionaje interno sobre cualquier empresa que haya puesto en sus listas negras".

Toma, director del Centro de Investigaciones y Estudios Estratégicos, indicó que "hacer inteligencia sobre cualquier actividad lícita está expresamente prohibido" por ley e "investigar a cualquier entidad de la naturaleza que fuere... por la supuesta comisión de un delito de naturaleza económica sin que medie la intervención de un juez, es violatorio de la ley y de la constitución".

La Agencia Federal de Inteligencia fue creada tras la crisis política que generó en enero la muerte del fiscal Alberto Nisman.

La reforma de los servicios secretos era una asignatura pendiente desde la restauración de la democracia en 1983 tras siete años de dictadura militar.

La reforma fue resistida por la oposición por considerar que no resolverá las falencias del sistema de inteligencia que quedaron al descubierto con la muerte de Nisman.

El fiscal fue hallado muerto el 18 de enero en su departamento de Buenos Aires de un tiro en la cabeza cuatro días después de acusar a Fernández de haber encabezado un plan para encubrir a los iraníes acusados del atentado contra un centro judío de Buenos Aires en 1994.

Su muerte, aún bajo investigación judicial, puso en evidencia la guerra interna en los servicios secretos a favor y en contra del gobierno.

Fernández dijo que un ex agente de inteligencia, echado del servicio a fines de 2014, había suministrado datos falsos al fiscal para fundamentar su denuncia contra ella y sugirió que el ex espía estaba detrás de la muerte del investigador que, según sostuvo, buscaba desestabilizar a su gobierno.

La denuncia de Nisman contra la presidenta fue desechada por distintas instancias judiciales.