Estalla supremo escándalo en la Corte

Unos 15 trabajadores del Canal Judicial están vinculados en irregularidades. Incluso al titular del canal le hallaron droga en su oficina.

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El máximo tribunal de la Nación ya investiga las irregularidades en las que se implica a trabajadores del Canal Judicial. (Archivo/Notimex)
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Agencias
CIUDAD DE MÉXICO.- Un escándalo de acoso sexual, laboral y de consumo de bebidas alcohólicas sacude a la Suprema Corte de Justicia, donde se realiza una investigación que podría concluir en acusaciones formales ante la Procuraduría General de la República

El presidente del máximo tribunal de la Nación, Luis María Aguilar, reconoció la existencia de "posibles irregularidades" y dijo que ya se había abierto una indagatoria que deberá "impulsar acciones que eviten ese tipo de comportamientos", informa Ansa Latina.

Al menos 15 funcionarios que laboran en el Canal Judicial, que difunde a través de TV restringida, están involucrados en cargos como la "indebida utilización de recursos públicos, introducción y consumo de bebidas alcohólicas, acoso laboral y acoso sexual", entre otros.

En marzo de 2015, en medio de una serie de acusaciones por acoso laboral, sexual y corrupción, fue cesado el entonces director del Canal Judicial, Enrique Rodríguez.

Desde julio de 2012 hasta septiembre del año pasado, un total de 20 quejas han sido presentadas por los trabajadores del Canal Judicial a la Contraloría interna vinculadas con este escándalo.

Prestigio caído

La Suprema Corte de Justicia, aunque con frecuencia es blanco de acusaciones por corrupción, sobre todo en el caso de algunos jueces, figura entre las instituciones que gozan de mayor reputación en el país, por lo que este escándalo apunta a ensombrecer su prestigio.

De acuerdo con las denuncias, el destituido titular del Canal Judicial, Enrique Rodríguez Martínez, fue relevado de su cargo al cabo de numerosas denuncias que incluyeron el hallazgo de droga en sus propias oficinas.

Sin embargo, medios locales consideran que se trata sólo de la "punta del iceberg" pues existen indicios de que este tipo de conductas son habituales en otras oficinas del Poder Judicial.

La Contraloría de la Suprema Corte ha realizado diversas revisiones sobre quejas numerosas pero sólo ha habido un funcionario cesado y dos empleadas, Brenda Herrera y Jéssica Ornelas, reubicadas a otras áreas. 

Herrera, productora de televisión, quien denunció acoso laboral y Ornelas, ex secretaria del director del Canal Judicial destituido, que se quejó de hostigamiento sexual de parte de un postproductor, afirman sin embargo que no están satisfechas con esta medida y exigen una "reparación del daño".

Proceso difícil

El acoso sexual y laboral en la Suprema Corte fue conocido incluso por la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre Violencia contra la Mujer, Rashida Manjoo, durante una visita realizada en julio del año pasado a México, en la cual se reunió con el presidente del tribunal.

Herrera dijo que Aguilar enfrenta el reto de "hacer justicia también ante sus propios empleados" y dijo que su denuncia ha sido "un proceso muy difícil y doloroso que se ha llevado mucho tiempo".

Tuvieron que pasar dos años y medio para que fuera cesado Antonio Alvarez, el postproductor al que acusa de acosarlo sexualmente, señala.

Pero la resolución le parece insuficiente porque dijo que Alvarez y su jefe Marco Antonio Silva, director de Producción, "hacían juegos sexuales delante de mí y se tocaban los genitales cuando me veían".

Inclusive acusó a Silva de enviarla a trabajar a casa de Alvarez Borja, "quien cobraba en el Canal Judicial sin presentarse a la oficina". "Fue ahí donde me acosó. No me dejaba salir de su casa. Los peritajes psicológicos demostraron que se trata de una persona con esa patología", expuso. 

Conductas graves

Pero el caso no es único, pues en diciembre del 2014, el Consejo de la Judicatura Federal destituyó al magistrado (juez de apelaciones) Rafael Zamudio, por hostigamiento sexual y laboral.

Zamudio fue acusado de "conductas graves como "intentar "besar a sus colaboradoras, tocamientos, llamadas telefónicas nocturnas".

El funcionario fue señalado además de "insinuaciones sexuales, acercamiento físico y forzamiento para sostener relaciones sexuales en las instalaciones del propio tribunal". 

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