El trámite de entrega de las instalaciones de la cárcel de Playa del Carmen al Gobierno del Estado está detenido, debido a que no se tiene certeza del dueño del predio donde se encuentra construido.

De acuerdo con Cecilio Puc Sansores, secretario general del ayuntamiento de Solidaridad, esta situación ha entorpecido el traspaso del Centro de Retención Municipal de Playa del Carmen, el cual administra el gobierno de Solidaridad.

“Estamos viendo la forma de entregarlo al Gobierno del Estado, que es el que debería de estar operando estas cárceles municipales. Desgraciadamente, lo que nos ha estado quitando, tanto al estado, como al municipio, es la certidumbre legal de quién es el propietario de la parcela”, dijo Cecilio Puc Sansores.

Esta situación no permite llevar a cabo el acto administrativo para trasladar el mando del centro penitenciario a la titularidad de la dependencia competente del Gobierno de Quintana Roo.

Son alrededor de 500 las personas privadas de la libertad que se encuentran recluidas en el lugar, muchas de ellas están recluidas por delitos del fuero común y no cuentan con sentencia.

En caso de que Solidaridad logre delegar la responsabilidad al gobierno estatal, dejaría de erogar alrededor de 30 millones de pesos anuales para la manutención del sitio, recursos que podrían ir a otras áreas de la administración pública local.

“Hay que recordar que el Centro de Retención Municipal también recibe a personas que son detenidas en el municipio hermano de Tulum, Puerto Morelos, algunos que nos envían de Cancún, entonces eso hace que tengamos un número elevado de personas privadas de su libertad”, manifestó. 

La cárcel de Playa del Carmen se ubica en los terrenos ejidales, donde luego se ha suscitado controversia por la tenencia de la tierra, derivado de que el ejido en muchas ocasiones donó lotes, pero no se logró concretar la enajenación de manera firme desde administraciones anteriores.

El tema de las cárceles se remonta desde el año 2019, cuando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ordenó incluso el cierre de algunos centros, incluyendo la de Playa del Carmen. Sin embargo, únicamente el caso de Felipe Carrillo Puerto fue totalmente desmantelado para concentrar la atención en Chetumal.