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CANCÚN, Q. Roo.- La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en Quintana Roo, Catalina Portillo Navarro, reveló que ha recibido amenazas, luego de las investigaciones y denuncias interpuestas por despojos de predios, departamentos de lujo y hoteles, que operaron desde las juntas locales de Conciliación y Arbitraje durante la administración de Roberto Borge Angulo.

La funcionaria presidió ayer la firma de un convenio de contratación exprés con empresas locales custodiadas por escoltas armados, después de haber solicitado al gobernador Carlos Joaquín garantías de seguridad durante el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con información del sitio El Economista.

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“Está en riesgo mi integridad personal. Me dicen que debido a mis declaraciones van a ir en contra de mí, que yo me cuide. Dicen que estoy haciendo lo que no debo de hacer, pero yo estoy haciendo mi trabajo de acuerdo con las instrucciones de que no habrá impunidad en este gobierno”, expresó.

El 10 de diciembre del 2016, Portillo Navarro dio a conocer la interposición de cinco denuncias penales en contra de extitulares de las juntas de Conciliación y Arbitraje de Cancún y Playa del Carmen, por el despojo de departamentos de lujo, predios de alta plusvalía y cuentas bancarias, tanto a personas físicas como a empresas nacionales y extranjeras.

Se logró documentar que los funcionarios de dichas juntas en Tulum, Playa del Carmen y Cancún ejecutaron procedimientos de embargo de diversos inmuebles a favor de “trabajadores” que aseguraban haber sido empleados de los dueños de dichos inmuebles —con sueldos de hasta 753 mil 234 pesos mensuales— y la demanda por despido injustificado derivaba en el embargo del inmueble.

Habrán más denuncias 

Adelantó que se preparan 10 denuncias más por casos similares, en los que hay más involucrados aparte de los extitulares de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, entre los que se incluye a secretarios de acuerdos y secretarios generales, que abusaron de la fe pública y participaron en los despojos.

La funcionaria dijo desconocer la procedencia de las amenazas en contra de su persona, pero los hechos ya son del conocimiento del gobernador Carlos Joaquín quien, entre otras cosas, le asignó escoltas armados y ordenó una investigación al respecto.