Un grito paralelo por el año de Hidalgo tendrá su epicentro en Quintana Roo, con intensas repercusiones políticas y judiciales. Mientras Carlos Joaquín González está a días de cumplir su primer año en la gubernatura –el 25 de septiembre de 2016 relevó al priista Roberto Borge, obviamente ausente en la ceremonia multitudinaria–, el engranaje justiciero anuncia sus acciones más contundentes con órdenes de aprehensión que serán cumplidas en cuestión de días.

El Fiscal General del Estado, Miguel Ángel Pech Cen, coordina los movimientos quirúrgicos en la silla más exigida y vigilada por buenos y malos; ayer se mostró bonachón, franco y relajado en el desayuno que ofreció en las entrañas de la Fiscalía a un enjambre de periodistas, sin eludir un solo cuestionamiento.

El grito anti independentista de los alfiles borgistas –“viva el Cereso”– será la noticia judicial más telúrica en muchas décadas, y una de las exigencias de aquellos quintanarroenses que le dieron la espalda al PRI para posibilitar el ascenso de Carlos Joaquín, tan sanguinariamente combatido en cada tramo por el gobernador Roberto Borge.

Otra ceremonia del grito se manifestaría en el Ayuntamiento de Solidaridad (Playa del Carmen), donde la alcaldesa Cristina Torres Gómez cocina dos denuncias adicionales contra ex funcionarios por el aparente desvío de 400 millones de pesos; la pinza alcanzaría al ex presidente municipal y último candidato priista a la gubernatura: Mauricio Góngora Escalante.

De Puerto Morelos para las mujeres

A nombre del Ayuntamiento de Puerto Morelos, su alcaldesa verde ecologista Laura Fernández Piña envió al Congreso del Estado un paquete de iniciativas para proteger a las mujeres de la violencia política, sufrida en carne propia por la ex diputada local del PRI.

Tal reforma propone el principio de paridad de género desde las dimensiones vertical y horizontal, así como la garantía de no violencia política por razones de género en la postulación de candidatos a diputaciones locales y miembros de los ayuntamientos.

En la iniciativa se contemplan causales del delito y las sanciones contra partidos o funcionarios que atenten contra las legítimas aspiraciones de las mujeres que participan en las arenas movedizas de la política.