Gustavo Villegas/SIPSE
COZUMEL, Q. Roo.- Consejo Ciudadano "Soy Isla Cozumel" filtró unos documentos en los que se revela que desde la Secretaría General del Ayuntamiento de Cozumel, hasta la coordinación del Centro de Control Animal (CCA), Asistencia y Zoonosis; se tenía conocimiento desde diciembre del 2016 que existían casos de distemper o enfermedad de Carré, padecimiento infectocontagiosa de origen viral que afecta a las mascotas.

Varios perros de este centro que tuvieron contacto con el virus fueron entregados en adopción violando protocolos de sanidad. Entre los documentos existe una cotización de una empresa basada en Cancún para la disposición final de los cuerpos de estos animales.

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La tarde del viernes en su cuenta de Facebook, Francisco Díaz Allen, presidente del Consejo Ciudadano "Yo Soy Isla Cozumel", ratificó la veracidad de los documentos e informes entregados a los representantes de la prensa en la isla, en las que se aprecian las firmas de los veterinarios Raúl N, Julio N y Abraham N.

El 8 de febrero se supo que 22 perros del CCA habían sido sacrificados y el Ayuntamiento trató de ocultar el mal manejo de la situación. Un día después, sus cuerpos, semi calcinados, fueron hallados en un terreno junto al rastro municipal.

El 10 de febrero integrantes de la Comisión de Salud  de "Yo Soy Isla Cozumel", entregaron documentos probatorios de posibles omisiones o negligencia en el caso del sacrificio de los canes. 

En un escrito fechado el 10 de febrero, revela que se pidió a Carlos Manuel Aké García, subdirector de Salud, el aplicar el reglamento de Control Animal. El 16 de diciembre se reunieron con Dora Uribe, Carlos Aké y el resto del personal del CCA para darles a conocer un listado de las irregularidades en las que se incurrían en ese momento.

El 19 de diciembre en visita de campo, los miembros del la Comisión de Salud del Comité Ciudadano detectaron en los perros ahí alojados, los primeros síntomas de moquillo. Un día después, un médico veterinario zootecnista realizó pruebas de sangre a canes que serían adoptados, lo que hizo temer que el virus del Distemper estuviera presente.

Se adelantaron 

Se proporcionó información y presupuesto requerido por la alcaldesa para el destino final de los cuerpos virulentos y se pidió autorización a Lisset Fernández para que colegas externos le asistieran en la eutanasia apegada a la Norma Oficial Mexicana NOM-033-ZOO-1995, la Ley Estatal de Protección Animal de Quintana Roo y el Reglamento de Control Animal de Cozumel; ponderando el sacrificio humanitario de los canes en todo momento.

Fernández del Castillo se comprometió a notificar fecha y hora de la inmolación y solicitar ayuda de la Sociedad Humanitaria acordándose el 8 de febrero.

Sin embargo Lisset Fernández se adelantó y ordenó el sacrificio de los caninos, 22 en total, sin notificación alguna, argumentado que esto se realizó con recursos y medicamentos propios, y que los cuerpos serían incinerados.

Se hizo contacto con la empresa Sterycicle México, con la que se cotizó el servicio, cuyos representantes informaron que nunca recibieron respuesta del Ayuntamiento.