No estoy descubriendo el hilo negro, ni tampoco me la quiero dar de un santo –creo que nadie–, pero ya es el colmo que en nuestras narices la corrupción dentro del servicio público en todo el país sea peor que un cáncer. Actualmente hay corrupción en todo y para todo; lo grave del asunto es que cuando existen pruebas de las corruptelas la justicia sea exageradamente flexible ya que se trata de gente pudiente, políticos o familiares.

Quiero primero que nada recordar que el artículo 108 de la Constitución se reformó por ahí de los años 80 con el fin de unificar el tema de responsabilidades de los funcionarios públicos modificándose la denominación de funcionarios públicos por la de servidores públicos para poder aplicar la naturaleza del servicio a la sociedad. Existen muchos servidores públicos actuales y anteriores que carecen de ética. Si pusiéramos un examen a los funcionarios públicos –aclaro, no todos– donde definieran por ejemplo la palabra ética pública, legalidad, honradez, imparcialidad, eficiencia, equidad de género entre otras más, se la pasarían rascándose la cabeza pensando que responder.

Hay casos específicos en nuestro estado donde la corrupción imperó a grandes escalas realizadas por “servidores públicos” como Raúl Aguilar Laguardia, Claudia Romanillos, Julian Ricalde Magaña e Israel Hernández Radilla, así como líderes de sindicatos tales como Roberto Poot del SUTAGE o Fermín Pérez del SNTE. Creo que resulta necesaria la existencia de espacios para la rendición de cuentas donde las autoridades y servidores públicos expliquen sus acciones y decisiones donde hagan participe a la ciudadanía y esta haga una valoración del desempeño gubernamental.

Las redes sociales actualmente han permitido que la sociedad coadyuve dando a conocer a través de denuncias las muchas corruptelas que se dan en el sistema político de nuestro estado y país; sin embargo, la autoridad se escuda en mil y unos argumentos banales para evadir su responsabilidad por lo que hoy en día no hay credibilidad ni confianza en el servidor público federal y local.

Hoy podemos decir y sin pelos en la lengua que existen alcaldes apresurados por asignar obras a dedo, candidatos con supuestas recepciones de dinero por fuera de campañas u oficiales de tránsito desesperados por juntar la cantidad diaria acordada por los jefes. Lo cierto es, que trabajar en lo público se ha convertido en una carrera expedita al enriquecimiento, no en una opción de servicio por ayudar a los demás. Funcionarios obsesionados con transformarse en nuevos ricos opulentos y despilfarradores, de esos está lleno nuestro país.

Para que nos demos una idea, según el documento “México: Anatomía de la Corrupción” 2da. Edición, de 2000 a 2013, 41 gobernadores fueron acusados de corrupción, sólo 16 fueron investigados, y únicamente cinco de ellos fueron encontrados culpables. Algo importante que quiero mencionar y que usted amable lector no me dejara mentir es que al inicio de cada sexenio se planean nuevas medidas preventivas y Códigos de Ética, creando dependencias dedicadas a erradicar las prácticas corruptas, casi todas sin éxito.

La imagen diaria de muchos municipios del país es ver cómo prosperan los daños patrimoniales de cientos y miles de millones de pesos, obras inconclusas, empresas ficticias y contratos para amigos; en pocas palabras, una podredumbre en un país que además de ver crecer sus índices de drogadicción, de alcoholismo, de inequidad también tiene que ver como la corrupción dentro del servicio público va creciendo. Pero ojo, todos los partidos han sido flexibles, débiles o tontos para exigir a los servidores salidos de sus filas un comportamiento ético, responsable y eficaz. Cuando incluyen en responsabilidad los partidos parecen ignorarlo o hacen que la virgen les hable, y si quieren verse pulcros y sancionadores a lo más que llegan es a expulsarlos del partido pero no les fincan responsabilidades ni apoyan los procedimientos para la aplicación de sanciones. En muchas ocasiones el miedo a dañar la imagen del partido les impide actuar en consecuencia.