Ex tesorero, demandado por la Comuna benitojuarense

Mencionan que hay otra persona involucrada en el desvío de los recursos de obra pública.

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Carlos Trigos Perdomo fue capturado acusado de desviar recursos del Ayuntamiento de Benito Juárez. (Redacción/SIPSE)
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Juan Estrada/SIPSE
CANCÚN, Q. Roo.- Carlos Trigos Perdomo pasó de ser gerente del banco HSBC, manejando cuentas de gobierno, a director de Planeación en Solidaridad durante el gobierno de Carlos Joaquín González, en el 2005, y el 10 de abril de 2008 fue reclutado como tesorero en el gobierno de Gregorio Sánchez Martínez; luego sus propiedades fueron embargadas, fue demandado y la mañana de ayer capturado, acusado de desviar recursos del Ayuntamiento de Benito Juárez.
 
Sánchez Martínez, quien gobernó el municipio de Benito Juárez de 2008 a 2010, fue detenido en el aeropuerto de Cancún el 25 de mayo de ese año por agentes de la Policía Federal Ministerial por su presunta relación con el crimen organizado, pero tiempo después fue exonerado de dichos cargos.
 
El ex alcalde fue puesto a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR) y después trasladado al Centro Federal de Readaptación Social en Nayarit.
 
Antes de su arresto, Sánchez Martínez había obtenido licencia en busca de la candidatura al gobierno del estado. Su lugar en el gobierno benitojuarense fue ocupado por la primera regidora, Latifa Muza Simón.
 
Novedades de Quintana Roo publicó el 29 de mayo de 2010 que Muza Simón se quejaba de que Trigos Perdomo no le brindaba el apoyo necesario, por ello la encargada del gobierno tomó medidas y comenzó a mover al personal que laboraba con el ex tesorero, por lo que el funcionario presentó su renuncia el mismo día que Muza Simón solicitaba su destitución. La presidenta municipal interina aseguró que en las cuentas públicas del 2009 del Ayuntamiento había un déficit de 150 millones de pesos. 
 
Cuatro meses después, cuando Jaime Hernández Zaragoza fungía como  presidente municipal, se abrió una investigación contra el ex tesorero. El contralor en ese entonces, Juan Carlos Gálvez Mujica, se reunió el 1 de septiembre con los regidores para comentar lo que ya tenían al respecto, que fue una sanción contra Trigos Perdomo por no haberse presentado a la entrega recepción cuando renunció, y sobre las observaciones por el manejo de 95 millones de pesos. También el Servicio de Administración Tributaria (SAT) detectó que hubo una retención en el pago de impuestos por 65 millones de pesos, dinero del que Trigos Perdomo no informó a los regidores.
 
El 8 de octubre del 2010 el Ayuntamiento de Benito Juárez estructura el financiamiento de responsabilidades del ex funcionario, por el mal manejo de recursos, por un monto de 90 millones de pesos al momento de su precipitada salida.
 
El 12 de marzo del 2011 se embargaron nueve propiedades de Trigos Perdomo, cuyo valor ascendía a 20 millones 497 mil 733.3 pesos por un supuesto quebranto a las finanzas públicas. El oficio emitido por la Dirección de Ingresos Coordinados y Cobranzas del Ayuntamiento fue el DICYC 37-11.
 
El miércoles 20 de junio del 2012 se procede a otro embargo contra Trigos Perdomo, esta vez solicitado por la Auditoría Superior del Estado (ASE), como parte del Procedimiento Administrativo de Ejecución en el que se reclamaron 30 millones 211 mil 590.62 pesos. Este segundo embargo está asentado en el expediente PAE-ASE-DICY-001/12, con el fin de reparar los daños a la Hacienda Pública Municipal en el ejercicio fiscal 2009. El total es de 88 millones 259 mil 459.32 pesos.
 
En la Comuna, algunos regidores comentaron que la demanda ya tenía tiempo y que de ser posible sería bueno que ese dinero se regrese. El regidor Julián Aguilar Estrada indicó que la deuda que tiene actualmente el Ayuntamiento es por más de mil 400 millones de pesos y que hay uno o más involucrados en el desvío de los recursos de obra pública, y pidió que la ley sea pareja “caiga quien caiga”. 
 
La contralora Reyna Arceo Rosado se rehusó a brindar información sobre el caso para no entorpecer las investigaciones que lleva a cabo la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

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