Curanderos exigen análisis de fondo en reforma contra charlatanes

Legisladores locales buscan catalogar como defraudadores a quienes lucren con la fe.

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En Quintana Roo es común que la población recurra a prácticas alternativas para resolver sus problemas. (Harold Alcocer/SIPSE)
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Benjamín Pat/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- Chamanes buscarán a legisladores locales a fin de ser escuchados para el análisis de la reforma al Código Penal del Estado de Quintana Roo, que busca catalogar como defraudadores a quienes lucren con la fe.

Oscar Hernández Ocotzy, quién se dedica desde hace varios años a la sanación, consideró necesario que se analice a fondo la reforma, que propone adicionar la fracción XVI al artículo 153 para especificar que comete delito de fraude, “al que para obtener un lucro indebido, explote las preocupaciones, las supersticiones o la ignorancia de las personas, por medio de supuestas evocaciones de espíritus, adivinaciones o curaciones u procedimientos carentes de validez técnica y científica”.

En este sentido, dijo que en Quintana Roo es común que ciertos sectores de la población recurran a las prácticas alternativas para resolver sus problemas. La Secretaría de Gobierno tiene un registro de seis personas en Chetumal que se dedican a las actividades de sanación.

“Quienes abusan de la buena fe de las personas son aquellos que vienen de fuera y ofrecen resolver todo tipo de problemas, pues en Chetumal desde hace años ya se conoce a quienes “ayudan” a las personas y no han tenido problemas”, destacó.

Al respecto, aseguró que hay otras prácticas, que también afectan los bolsillos de las familias, entre ellas las propias religiones.

“Si quieren regular este tipo de prácticas, hay que empezar con los grupos religiosos que condicionan ciertas contribuciones a sus seguidores”, destacó.

La iniciativa que está ahora en comisiones de la XIV Legislatura, fue presentada por la diputada de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables, Susana Hurtado Vallejo. Las penas para el delito de fraude van de seis meses a 12 años de prisión, según la gravedad.

“De esta manera se pretende frenar y castigar a aquellas personas que se aprovechan de las necesidades y las preocupaciones de la gente. Con esto pretendemos regular esta problemática, porque actualmente esas personas se anuncian en todos lados como si nada”, dijo en su momento, la legisladora.

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