Ayer supuestamente se habría concretado un golpe histórico a la corrupción por parte del gobierno de Carlos Joaquín González y del institucionalmente autónomo fiscal general Miguel Ángel Pech Cen, de quien la opinión general dice que no ha dado una, que además implicaría un enorme paso en la promesa del mandatario de perseguir la corrupción del sexenio de su predecesor, cuya hasta ahora aparente falta de resultados sin duda había causado mella en el entusiasmo de la población por el cambio prometido en el mismísimo lema de campaña.

Bajo el actual Sistema de Justicia Penal es muy difícil decir si es cierta o es falsa, y en todo caso precisar la información por el tema del respeto al debido proceso, así que los comunicadores tenemos que trabajar con filtraciones y trascendidos, o hacer uso del oído de tísico que normalmente desarrollamos quienes a esto nos dedicamos, pero diga lo que diga la Fiscalía General de Quintana Roo ayer circuló de manera muy intensa y originada en un medio electrónico generalmente bien informado y veraz la especie de que ese organismo habría obtenido 17 órdenes de aprehensión contra sendos funcionarios del gobierno de Roberto Borge Angulo.

No sólo los funcionarios ministeriales, sino también nosotros estamos obligados a respetar la presunción de inocencia de cualquier persona sujeta a proceso, pero cuando un juez de control obsequia una orden de aprehensión implica que en torno al imputado existen elementos suficientes para iniciar acción judicial en su contra, lo que en buen cristiano llamaríamos indicios de su culpabilidad.

Hasta ahí, pero lo que sí pudo revelar en su momento la fiscalía fueron los nombres de los demandados por supuestamente haber cometido actos relacionados con el saqueo de recursos públicos, y muy aparte del debido proceso todos sabemos más o menos a quiénes se refiere una posible acción judicial. Esos, los de las demandas, sí son nombres concretos y hechos públicos. Si hay o no órdenes de aprehensión ya se sabrá.

La información periodística a la que nos referimos señala en primer lugar al responsable de los programas sociales –populistas– de Roberto Borge, Reciclando Basura por Alimentos y Brigadas del Bienestar, el guerrerense Israel Hernández Radilla, quien llegara a Quintana Roo como delegado de la entonces inequívocamente priista Confederación Nacional Campesina y que ahora apunta para presidir el Partido Verde Ecologista de México en el municipio capitalino de Othón P. Blanco, que como dijera Silvio Rodríguez no es lo mismo pero es igual. Unos 30 millones de pesos habría desviado acaso para fines electorales, mas ya dirán las investigaciones si también se persigue el enriquecimiento ilícito, porque hasta la basura habría vendido en Yucatán con grandes beneficios personales y de camarilla. La operación para las campañas borgista-priistas de Israel Hernández también involucraría recursos de programas e instituciones federales como el Fonden, Liconsa y Diconsa.

Personajes clave de la administración borgista, que han sido señalados extrajudicialmente por protagonizar graves denuncias del gobierno de Carlos Joaquín y que según esto estarían siendo perseguidos por las instancias de procuración de justicia para presentarlos ante un juez de control serían –y en estos nombres tampoco habría novedad– el verdadero operador financiero transexenal –también lo fue de Félix González Canto– Eliézer Villanueva Lanz, el extitular de Sefiplan Juan Pablo Guillermo Molina, el segundo de a bordo del anterior Alejandro Marrufo Roldán y Claudia Romanillos del Ipae.

Pero sabemos que el Poder Judicial tiene al frente a uno de los jueces más cuestionados de la historia de la entidad, el inefable Fidel Villanueva Rivero, connotado guardián de la impunidad de Félix González Canto y de Borge: de ahí supuestamente salió un “pitazo” para que los perseguidos se ampararan a la voz de ayer, mas también trascendió que no todos los intentos fructificaron, pues hay delitos graves por ahí por lo menos por parte de Guillermo Molina y Villanueva Lanz. A lo largo de la mañana se dijo que la agente inmobiliaria estatal que tantos despojos operó para Borge, Claudia Romanillos, se hizo ojo de hormiga. Ya veremos qué pasa.

¿Cierto? ¿Falso? Ya lo sabremos.

Helada madrina

Miguel Ramón tiene una labor muy ingrata, para la que sin embargo es considerado como un especialista: deshacer nudos gordianos con encendida carga política y hasta potencial de desembocar en violencia. Sigue en lo suyo. Leemos en un comunicado:

“El Gobierno de Quintana Roo, a través del Jefe del Despacho del Gobernador del estado, Miguel Ramón Martín Azueta, así como de la Secretaría de Gobierno, autoridades federales y municipales alcanzaron un acuerdo con ejidatarios de Felipe Carrillo Puerto, para dar puntual seguimiento y avanzar de manera pacífica y ágil en los trámites para pagos pendientes por el usufructo de sus tierras en la construcción de vías federales.

“En un trabajo coordinado estado-federación y municipio se estableció dar celeridad para que un perito del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), realice la inspección física en la zona correspondiente para determinar el área de afectación, para que la SCT pague a los comuneros lo correspondiente por el uso de tierras ejidales durante la modernización de la carretera federal Reforma Agraria-Puerto Juárez”.

La gente quiere, por lo menos, sentirse atendida, y el gobernador dispone que su equipo no deje acciones al garete para solucionar conflictos, de esos que antes se dejaban a la acción del tiempo.

Homúnculos

En más temas de justicia y en este caso de seguridad pública, el secretario de Infraestructura y Transporte Jorge Portilla Manica negó rotundamente la participación de inspectores estatales en los actos violentos suscitados en el estacionamiento del almacén Home Depot de la avenida Kabah de Cancún en el marco del conflictivo tema de los operadores de taxis de la empresa transnacional Uber. Es que ahora la Dirección de Comunicaciones y Transportes que encabeza Alejandro Ramos Hernández graba cada uno de los operativos, en los que según la autoridad son provocadores y los propios taxistas aún ilegales quienes protagonizan las zacapelas.