Redacción
CANCÚN, Q. Roo.- Uno de los hombres más cercanos al exgobernador Roberto Borge Angulo, Isaías Capeline Lizárraga, ejecutado el 14 de julio del año pasado, exprimía a beneficio propio y por orden de su “boss”, presupuesto del Subsidio para la Seguridad de los Municipios (Subsemun), información filtrada en redes sociales donde está un par de conversaciones entre el ya fallecido y Gerardo González Núñez, exdirector administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito del municipio de Benito Juárez.

En Facebook, el usuario MexHacker filtró que cinco millones de pesos fueron empleados discrecionalmente por el anterior gobernador para el pago de “cosillas pendientes” y para financiar un negocio privado de publicidad en los paraderos del transporte público en Cancún.

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En una de las conversaciones, quien fuera asesinado junto con su escolta mientras iban a bordo de una camioneta en la Región 311, en la calle Sierra Madre, donde encontraron 40 casquillos, le dice a González Núñez que el “Boss” le preguntó si quedaban recursos del Subsemun pendientes por ejercer.

González Núñez le contesta que “lo único que nos queda por operar Cape, es Movilidad Segura, que es lo tuyo, el de violencia familiar que salió antes que el tuyo y la coparticipación de las becas, que es lo que el municipio con ingreso propio (…) pero espérame, estamos viendo ahorita la manera con el tesorero de sacar algo con ingresos propios pero luego te explico, que no sea por teléfono”.

El presupuesto de movilidad lo usaron para la instalación de 30 módulos del transporte público en diversos puntos de la ciudad, mismos que en 2015 se presupuestaron en cinco millones de pesos. 

El interés de Capeline por la instalación de estos módulos era incrementar a más de 100 este tipo de espacios –entonces había 71– para beneficio de su empresa de publicidad en la vía pública que contemplaba también más de 200 espectaculares que el gobierno del estado rentaba y de esa manera el dinero que bajan de recursos federales queda en manos de empresas formadas por funcionarios que saben cómo pueden disfrazar sus beneficios con supuestas obras para el municipio o la entidad.

En la segunda conversación entre los mismos personajes, González Núñez le informa a Capeline Lizárraga que le había sido complicado bajar el recurso de Movilidad Segura, que nadie en el Ayuntamiento quería asumir la responsabilidad directa del manejo de esos recursos.

Le explica que primero fue a ver al entonces secretario general, Jorge Rodríguez Méndez, y que éste argumentó que no se podían bajar los recursos del programa a través del Comité de Adquisiciones y Compras, pero sí por el Comité de Obras, y fue con el secretario de Obras Públicas y Servicios, Roger Espinosa Rodríguez, quien dijo que no era una obra, sino una instalación.

Sin embargo, al final, González Núñez le dice a Capeline que todos los funcionarios del Ayuntamiento, incluido el entonces presidente municipal, Paul Carrillo de Cáceres, se “cuadraron” y aceptaron dar velocidad a la solicitud de Borge Angulo.

Los últimos avances sobre la investigación acerca de la ejecución de Capeline apuntan a que había una relación con la delincuencia organizada.