Ayer leímos con estupor en la conocida incisiva columna de Victoriano Robles que la organización Artículo 19, con cara de ángel pero caja registradora más dura que de usurero de La Lagunilla, cobró o cobrará al Congreso de Quintana Roo unos cinco millones de pesos por la elaboración de una ley de protección a activistas de derechos humanos y periodistas, ¡que ya existe! ¿Ya así convocan a foros, a lluvia de ideas?

A lo mejor un tal “Voltier”, citado por la diputada Eugenia Solís Salazar, dijo “podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo” –¡sopas!: ¿lo defendería hasta con el sacrificio de su dieta legislativa?–, porque Voltaire, el filósofo de la Ilustración, jamás la escribió –es lugar común en el que caen quienes jamás lo han leído–, pero la intención de dramatizar con una fallida cita muy hipster su rueda de prensa de ayer en Cancún se entendió muy bien: de estalinista a progre sólo media un guiño.

Después de semanas de triunfalismo pseudojoaquinista, de pregonar el éxito de las libertades sobre la oscuridad y del entierro del último y vergonzante vestigio del demoniaco borgismo –cubriendo con su égida una función que es propia de la XV Legislatura, no de su personita, con todo y sus filias y fobias–, la bisoña diputada por fin reconoció, “coucheada” por un mucho más espabilado y colmilludo Emiliano Ramos Hernández –que estaba ahí para decir “lo que la Eugenia quiso decir…”, ¡no le fueran a salir los locuaces duendes foxistas!–, que hay una Ley Para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Quintana Roo vigente y, a diferencia de los días precedentes, admitió que el sentido de los tres encuentros que hoy empiezan en Chetumal será tomar el pulso a los periodistas para que el Poder Legislativo decida si la aprueba, la modifica, la adiciona o la abroga –como propone el gobernador Carlos Joaquín González–, y no sólo para ponerle nombre a un niño que suponemos que aún no ha nacido pero que a lo mejor tiene escondido, dormidito en una canasta en su cubículo, cual Moisés a la deriva en el Nilo, destinado a salvar al pueblo de Jehová, o en una carpeta membretada de Artículo 19 SA.

Periodistas perseguidos por el gobernador anterior exigieron echar a las llamas purificadoras de la hoguera del cambio eso que llaman “Ley Borge”; se entiende y estuvo bien. El mandatario estatal, acosado durante años por el grupo político de Félix González Canto con agresiones recrudecidas durante el borgiato, hizo eco de tales demandas y solicitó a la XV Legislatura la abrogación de la normatividad de marras, y también estuvo bien. ¡Pero la diputada presidenta de la Comisión de Derechos Humanos vanagloriándose de una abrogación que debiera ser decidida por la asamblea que integra como representante de todos los quintanarroenses y no como miembro destacada del club de fans de Carlos Joaquín eso sí era para el precámbrico republicano.

De manera sistemática y al borde de la socarronería, de la burla del más clásico e infantil “lero-lero”, la diputada Solís, quien organiza los foros, había ignorado el reclamo de una buena parte del gremio que por razones que hemos explicado muchos periodistas en nuestros espacios con argumentos sólidos que por lo menos merecen ser tomados en cuenta no está de acuerdo con la abrogación, pero cual cancerbera de la voluntad de su jefe político ella la daba por hecho y concebía este ejercicio disfrazado de democrático como un acto de validación del dixit joaquinista, que pudiéramos caracterizar como la típica receta de la novelle cousine autoritaria con la que los “cambistas” más papistas que el papa quieren sustituir a la clásica culinaria borgista, más picante pero igual de laxativa; de cara amable pero lo mismo autoritaria. O sea: nos veía solo como menudencias que servirían para hacer gordo el caldo antiparlamentario, algo que un gobernador surgido de un movimiento democrático y profundamente popular desde luego no necesita. Ahí nos vemos, pues. No le ayuden; ¡de veras!