Paloma Wong/SIPSE
CHETUMAL, Q.Roo.- Los asesinatos cometidos en contra de mujeres en Quintana Roo engrosan las cifras de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) como parte del rubro de homicidios dolosos, pero no hay parámetros para definir si el delito cometido en contra de mujeres va en aumento y qué motiva este nivel último de violencia en contra de la población femenina.

El feminicidio lo comete quien, de manera dolosa, prive de la vida a una mujer por razones de género, y a pesar de que hay una legislación novedosa en materia en nuestra entidad, las instituciones responsables de impartir justicia no han catalogado el delito como un fenómeno social con características propias, no simplemente como un homicidio cometido con toda intención.

Para la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Mujeres, el feminicidio es, efectivamente, un homicidio doloso en contra de las damas, pero el dolo siempre proviene de un elemento discriminatorio hacia la mujer, porque antes de quitarle la vida fue torturada, violada o victimizada de otras maneras.

En un desglose simple de homicidios cometidos en contra de mujeres, la Procuraduría General de Justicia del Estado establece que, tan sólo en los primeros cinco meses del año, han sido presentadas 21 denuncias por este hecho ante el agente del Ministerio Público.

En este mismo lapso de tiempo, pero del 2012, 47 mujeres fueron asesinadas y en 2011 sumaron 31 los casos denunciados de enero a mayo.

Un estudio revelado por la Comisión Especial para el Seguimiento de los Feminicidios que tuvo una periodicidad de análisis de 25 años (1985-2009), publicado el año pasado,  dio a conocer que Quintana Roo mantiene un comportamiento por debajo de la media nacional, mientras que Baja California, Chihuahua, Guerrero y Durango son los estados que ocupan los primeros lugares en materia.

Aunque entre los grupos de edad el rubro no especificado suma la mayor cantidad de feminicidios en ese estudio, el homicidio doloso lo sufren más las mujeres de 25 a 29 años de edad, seguido de las mujeres de 30 a 39 años de edad, pero en menor cantidad.

En su momento, la asesora técnica en estadística de género y políticas de igualdad de la ONU Mujeres, María de la Paz López, indicó que el feminicidio en la entidad es perpetrado por el agresor utilizando generalmente armas blancas, por medio del ahorcamiento o por asfixia.

Este nivel último de agresión empieza a desarrollarse con alcances desestimados de violencia hacia la mujer, que en muchas ocasiones puede ser prevenido, sobre todo cuando es causado por la pareja o familiares cercanos o por conocidos.

En lo que respecta al marco jurídico en materia de homicidios cometidos en contra de individuos del sexo femenino, la XIII Legislatura del Congreso del Estado aprobó reformas y adiciones al Código Penal y al Código de Procedimientos Penales para la entidad en mayo de 2012, por las que se tipifica al feminicidio como delito grave, y a partir de lo cual se establecen penas que van desde los 25 a 50 años de prisión o prisión vitalicia, y de mil a tres mil quinientos días multa.

Esta reforma también contempla sanciones para aquellos servidores públicos que, conociendo del feminicidio, no actúen conforme a sus facultades y obligaciones, omitiendo hacer las diligencias correspondientes en la averiguación previa sin justificación, que lleven a cabo actos de discriminación contra los denunciantes u ofendidos del delito, o lleven a cabo intencionalmente prácticas dilatorias de la administración o procuración de justicia.

De acuerdo con las nuevas disposiciones, como ya señalamos,  el feminicidio es cometido por quien, de manera dolosa, prive de la vida a una mujer por razones de género.

Estas razones se presentan en los siguientes supuestos: cuando exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, de matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia, noviazgo, amistad o de vecindad.

Asimismo, cuando exista o haya existido una relación laboral, docente, o cualquier otro que implique confianza o subordinación; que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; que existan antecedentes de amenazas, acoso, lesiones del sujeto activo en contra de la víctima, entre otros.

Las cifras de la PGJE por homicidio doloso cometido en contra de mujeres en 2012 colocan al municipio de Benito Juárez a la cabeza, con 62 de los 80 homicidios perpetrados; Solidaridad y Othón P. Blanco le siguieron con un número muy inferior, nueve y siete casos, respectivamente.