Criadores van por “última oportunidad” para ‘legalizar’ las peleas de gallos

Asociación busca que las peleas e incluso el toreo, se consideren como "tradición nacional" para evitar que se les aplique la ley de Bienestar Animal.

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Quintana Roo: Van por “última oportunidad” para ‘legalizar’ las peleas de gallos. (Foto: SIPSE)
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Aunque en Quintana Roo las peleas de gallos y corridas de toros están prohibidas desde el 26 de junio de 2022 gracias a una reforma avalada por el Congreso del Estado de la Ley de Protección y Bienestar Animal, la Asociación Estatal de Criadores de Aves de Combate solicitan a diputados federales ser excluidos de la iniciativa nacional que pretende la prohibición de esta actividad en todo el país.

La representante de la asociación, Karla Alejandra Salazar Reyes, indicó que solicitaron a los legisladores federales ser excluidos en dicha iniciativa, con el objetivo de que su actividad se conserve como parte de las costumbres y tradiciones del país.

Expuso que hay una iniciativa pendiente y en análisis en la Cámara de Diputados que pretende prohibir toda actividad relacionada con las peleas de gallos en el territorio nacional.

Actualmente, además de Quintana Roo también el estado de Veracruz ha modificado sus leyes para impedir las peleas de gallos y corridas de toros. 

Tres ayuntamientos de Quintana Roo incumplen con el bienestar animal

Pese a la prohibición en territorio quintanarroense de las peleas de gallos de acuerdo con el artículo 40, fracción XII, los Ayuntamientos siguen expidiendo “permisos”.

El presidente de la asociación animalista “Toda Vida es Importante”, Rafael Rivero Aburto, informó que Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y Lázaro Cárdenas, siguen emitiendo autorizaciones.

Señaló que esto es contrario a la ley, aunque solamente es a través de una denuncia que las autoridades investigan los casos.

En cuanto a la petición que hacen las asociaciones de peleas de gallos, incluso de corridas de toros; ya hay una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que establece que los usos y costumbres no pueden estar por encima del bienestar de los seres vivos.

En Quintana Roo unas 30 mil familias dependen de estas actividades, consideradas en algunos estados del país como patrimonio cultural.

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