Un sello de clausura que impuso la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) fue quebrantado en Bahía Solimán, Tulum, donde un desarrollador insiste en construir un megaedificio de siete niveles sobre una zona de anidación de tortugas marinas.

Miembros de la organización civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (Dmas), acudieron al sitio para corroborar que se siguen ejecutando los trabajos, algo que ya se había dado a conocer este jueves por Novedades de Quintana Roo.

Sin embargo, en esta visita para reunir pruebas de incumplimiento que serán presentados ante un juez federal, se percataron también que probablemente los mismos trabajadores retiraron el sello para seguir trabajando porque éste ya no se apreciaba en el lugar.

La imposición del sello versa en un mandato judicial que ordena a la Profepa detener los trabajos con la colocación de la clausura, tras la emisión de suspensiones de amparo por juzgados de distrito ubicados en Cancún.

Vecinos de Tankah IV, aledaño a Bahía Solimán, el pasado miércoles, señalaron que los trabajos se habían reiniciado, aunque el sello de clausura seguía ahí.

Ya fue este jueves, en una nueva visita, que se percataron que el sello había desaparecido: una calcomanía de aproximadamente un metro de largo que fue pegada sobre un tablón de la obra. 

Los quejosos que iniciaron este juicio fueron los mismos vecinos porque en el sitio existe registro de anidación de la tortuga marina, especie protegida cuyo santuario, el de Xcacel Xcacelito, se ubica a unos cinco kilómetros del lugar.

Asimismo, se ha podido constatar porque este medio de comunicación ya ha acudido al punto, que el sitio donde se construye se encuentra aledaño a la Reserva de la Biosfera del Caribe Mexicano, con una importante zona de manglar.

El caso es actualmente acompañado por el asesoramiento de Dmas, la misma organización que interpuso los amparos contra el Tren Maya y logró la defensa de playa Delfines contra el desarrollo Solaris, en Cancún.

Personal de Dmas informó que preparan interponer recursos aún más fuertes que obliguen a las autoridades a acatar las medidas sancionadoras de los juicios de garantías.