En la entrega del lunes planteaba grosso modo una carencia sustantiva del Sistema Nacional Anticorrupción: el desconocimiento del Comité Ciudadano, integrado por cinco miembros de la sociedad civil, quienes, sin embargo, parecieran trabajar en la clandestinidad; no por actos simulados ni secrecías, sino porque la difusión de sus encargos ha sido insuficiente. Desconocidos y ajenos.

Pero el problema respecto a dicho Sistema es peor de lo pensado: ni siquiera se ha nombrado fiscal en la materia. Nació incompleto, aparentemente por discrepancias entre las bancadas del Senado, aunque debido a la importancia del tema debieron superar las diferencias pronta y expeditamente. Basta saber que desde 2014 no hay acuerdo que satisfaga a las partes, y no se ve en el futuro cercano.

El fondo de la razón, especulan analistas nacionales, es que el retraso se debe a que los líderes de la clase política (de todos los partidos) preferirían no avanzar en una temática que les involucra y, evidentemente, también les golpea. Los institutos políticos, con sus fuerzas de apoyo, son de las más desprestigiadas, por lo que tendría lógica la intentona.

Los escándalos de corrupción llegan solos. Ya no asombra ni amenazan. Porque los ciudadanos, si bien reconocen que la corrupción es uno de los asuntos más graves, tras la inseguridad y antes del narcotráfico (según Encuesta Nacional de Corrupción y Cultura de la Legalidad 2015), no hacen mucho para eludir con éxito los retos asumiendo una responsabilidad que también les compete. En el colmo, algunas organizaciones no gubernamentales aseguran que el Sistema puede funcionar sin cabeza.

Este supuesto conflicto de intereses entre partidos tiene, desde hace unos días, un inconveniente concatenado: a Santiago Nieto lo sacaron de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade), en plena carrera electoral. Su polémica remoción provocó un enfrentamiento entre la oposición y el Gobierno, que paralizó las tareas del Senado durante varios días.

Según la prensa nacional, Nieto argumentó que la “polarización política que ha rodeado” el proceso de impugnación por el sonado caso Odebrecht, y las “dudas que tienen dos partidos nacionales” sobre él, no benefician el desarrollo de las elecciones. “Veo una sociedad dividida y un Senado con polarización”, sostuvo en conferencia.

Días antes, su jefe, el ahora ex procurador general Raúl Cervantes, renunció a menos de un año de su nombramiento y en medio de una controversia por su potencial nominación para la primera fiscalía autónoma. Es “irrevocable”, resumió después de una artillería de tuits.

En la práctica, no hay procurador ni fiscales especializados en lo electoral y en anticorrupción. El contexto de inseguridad, violencia y corrupción, conjugado con el proceso comicial en marcha, se deforma por la ausencia de autoridades federales responsables. Y en los estados tampoco se avanza con pasos definitivos.

Parece diluirse el momento de las grandes transformaciones.

 

                                                               Desorbitado

Desde ayer martes 31 el Aeropuerto Internacional de Cancún es el más más grande del país, gracias a la inauguración de la primera etapa de la Terminal 4, acto encabezado por el Presidente Enrique Peña Nieto; el gobernador Carlos Joaquín González, y el director general de Asur, Fernando Chico Pardo.

Para 2018 la T4 tendrá una capacidad de 25 millones de pasajeros y, para 2020, podrá movilizar a unos 32 millones. Albergará llegadas nacionales e internacionales.

Así, desplaza la hegemonía del Aeropuerto de la Ciudad de México, considerado el más importante de Latinoamérica y lugar 21 en el ámbito mundial.

Son hechos que derriban los mitos en torno a daños colaterales. O sea, ni alertas, ni sismos ni huracanes que afectaron a México y al vecino país del norte, afectan la dinámica de una industria airosa.