Luis Fuente/SIPSE
MÉRIDA, Yuc.- Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) recibieron capacitación interinstitucional de casos prácticos y talleres de simulación de audiencias, con el nuevo modelo de justicia penal acusatorio y oral.

Esto es porque a partir del primer minuto de mañana lunes entra en vigor en Yucatán el Código Nacional de Procedimientos Penales, para los delitos del orden federal. En lo que se refiere al Fuero Común será hasta el 22 de septiembre próximo.

El titular de la SSP, Luis Felipe Saidén Ojeda, destacó la participación de los policías dirigida siempre hacia la profesionalización, aunado al apoyo del gobernador Rolando Zapata Bello, quien ha destinado recursos para la instrucción y actualización de los agentes para un mejor servicio en la labor.

Durante la semana, personal de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal y de la Comisión Nacional de Seguridad tuvo a su cargo actividades en las que se simularon dos operativos de aseguramiento de arma de fuego y una especie marina en veda, con el objetivo de ampliar la coordinación que existe actualmente entre las instituciones del rubro en el estado.

Ante la transición hacia el nuevo Sistema de Justicia Penal, se contó con la participación de la SSP y las Procuradurías General de la República (PGR) y Federal de Protección al Ambiente (Profepa), además de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) e Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), así como las policías Federal y Municipal de Mérida, Kanasín y Progreso.

Las prácticas se efectuaron en conjunto con las instituciones mencionadas, que incluyeron la detención de un sospechoso, la lectura de sus derechos, la preservación del lugar, la cadena de custodia, el informe policial y la puesta a disposición al Ministerio Público de la PGR.

Asimismo, durante el ejercicio se continuó  con la audiencia inicial del caso consistente en el control de la legalidad de la detención, formulación de imputación a persona detenida, la vinculación a proceso y medidas cautelares a cargo del fiscal de la PGR y en contra parte con la defensa técnica del inculpado en presencia del juez de control.