Óscar Chan/Milenio Novedades
MÉRIDA.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) emitirá un exhorto a la Secretaría Estatal de Educación (Segey) para que ésta vigile y aplique las sanciones correspondientes en caso de que las escuelas condicionen la educación con las llamadas cuotas voluntarias, a unos días de que inició el ciclo escolar 2018-2019.

El encargado de la oficina de presidencia del organismo autónomo, Miguel Óscar Sabido Santana, anotó que en los próximos días enviará este exhorto a la Segey, a fin de que estén pendientes de que estos cobros no se deben realizar en ninguna de las escuelas de nivel básico.

“En el transcurso de esta semana vamos a reiterarle a la Segey que el pago de cuotas no es una obligación, sino que si así lo acordaran con la asociación de padres de familia se puede hacer, pero no es una obligación”, aseveró.

Denuncia

Sabido Santana instó a los padres de familia denunciar ante la Codhey cuando una escuela pública quiera exigir el pago de cuotas para brindar el servicio educativo, ya que puntualizó, no es obligatoria.

Recordó que en 2009 el organismo autónomo emitió una recomendación general para evitar estos pagos en los planteles escolares, con motivo de las inscripciones y demás servicios educativos en las aulas.

Dijo que aunque en lo que va de este año en la Codhey no se tienen quejas en ese sentido, el personal se mantendrá al tanto del tema para atender los casos que se pudiesen presentar durante el arranque de este ciclo lectivo.

“Si alguna persona, ya sea padre de familia, alumno o familiar se siente afectado por este pago, puede acercarse a la comisión a reportar estos hechos para que nosotros iniciemos un expediente de queja y tomemos cartas en el asunto”, reiteró Sabido Santana.

En la recomendación general de la Codhey se establece la prohibición de las cuotas voluntarias en cualquiera de las escuelas públicas de la entidad. Ante el caso omiso en muchas instituciones de educación básica, el organismo autónomo ha pedido en numerosas ocasiones al personal docente y directivo de los colegios que eviten estas prácticas que condicionan el acceso a la educación básica.