El pasado martes se entregó, con bombo y platillos, al personal naval la Cartilla de Derechos Humanos, que hace hincapié en el trato que deben recibir las niñas y niños, adolescentes, adultos mayores, mujeres embarazadas, enfermos, discapacitados y “quienes ejercen la noble profesión del periodismo y la defensoría de los derechos humanos”.

El secretario de Marina destacó que el documento deja constancia de que “ningún marino está obligado a obedecer órdenes cuando impliquen un delito, una violación a los derechos humanos o infrinjan la disciplina naval”. Buenas intenciones para evitar señalamientos a los navales por abuso, que incluso los han llevado a enfrentarse a la justicia militar y/o civil, precisamente en cumplimiento de órdenes de sus mandos.

Pero la Cartilla no garantiza la observancia del manual del uso de la fuerza, de aplicación común, para las tres fuerzas armadas, pues en actos del servicio las decisiones se toman a veces sin esperar órdenes del superior, e incluso el reglamento prevé que para no entorpecer la iniciativa del inferior, las órdenes sólo expresarán, generalmente, el objeto por alcanzar, sin entrar en detalles de ejecución.

De acuerdo con el almirante Vidal Francisco Soberón Sanz: estas acciones contribuyen a posicionar el respeto y la garantía de los derechos humanos en la actuación del personal de la Marina, pero ¿cómo medir el peligro ante un enemigo desconocido? o ¿cómo anticiparse a las intenciones del delincuente en el fragor del combate cuando la propia vida y la de otros está en riesgo?

Por otra parte, de las víctimas por daño colateral, o como decimos coloquialmente, “sin deberla ni temerla”, no puede culparse solamente a las fuerzas de seguridad, porque, lamentablemente, el teatro de la guerra está en cualquier lugar y a cualquier hora.

En ese escenario, los militares, que constantemente son desacreditados y señalados por llevar al cabo acciones que no les corresponden, pero que hoy nadie más puede hacer, también esperan que sus mandos y el Ombudsman los defiendan cuando enfrenten un proceso y acompañen a sus familias, que también son víctimas del daño colateral, comenzando por las ausencias y la incertidumbre de saber si regresarán a casa. No se olvide que también son humanos y tienen derechos.

Anexo "1"

¿Defensores de oficio o del mando?

El pasado miércoles entró en vigencia el Manual de Organización General de la Sedena, en el que se dio a conocer la creación de la Fiscalía General de Justicia Militar. Sólo es el cambio de nombre de la Procuraduría castrense porque seguirá coordinando con la Secretaría de Marina la designación de personal del servicio de justicia naval y de apoyo, en la lógica de que el Ejército es una fuerza mayor que la Armada.

La publicación destaca que la Defensoría de Oficio Militar proporcionará asesoría jurídica al personal militar, desde el momento de su detención o su primera comparecencia ante el órgano investigador, por delitos de la competencia del Fuero de Guerra, ante los Tribunales Militares, e incluso ante los del orden federal y común, siempre y cuando se trate de hechos vinculados con actos del servicio y no cuente con defensor.

Es cierto que existen defensores que se asignan a los militares procesados, pero también lo es que, por lo general, los oficiales de Justicia Militar o Naval son asesores de los mandos y tienen poco margen de maniobra para llevar a cabo una buena defensa.