Héctor López Ceballos/SIPSE

Mérida, Yuc.- El pasado 17 de agosto, el presidente electo López Obrador presentó ante los medios el dictamen elaborado por su equipo de trabajo sobre la viabilidad del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM). Y más allá de que el dictamen no presentó novedad alguna ni fue concluyente, lo que merece atención es la decisión del próximo mandatario de someter a una consulta popular la continuidad o cancelación de un proyecto de tal envergadura, misma que planea llevar a cabo a finales de octubre.

López Obrador no ha explicado aún a detalle cómo será el instrumento que, según su discurso, permitirá a los mexicanos decidir sobre el NAIM y solo dejó entrever que posiblemente se trate de una consulta o de una encuesta. La primera le sería difícil de realizar dentro de la legalidad, pues la Ley Federal de Consulta Popular, reglamentaria de la fracción VIII del Artículo 35 de nuestra Constitución, señala el procedimiento específico que deben seguir las consultas populares y que tendría al Instituto Nacional Electoral como responsable directo. La segunda resultaría todavía más cuestionada por ser un mecanismo menos contundente y fiable que la elección y en la que además no se asegura que puedan participar todos. Seguramente el ejercicio que proyecta el equipo del presidente electo sea entonces una herramienta informal y sin fuerza legal.

Pero quizá lo más inquietante, independientemente de querer saber cómo le harían para preguntarnos a 124 millones de personas nuestra postura sobre un tema que desconocemos en gran medida, es la incógnita sobre si este tipo de ejercicios sin validez jurídica, que no cumplen con los requisitos que manda la norma y cuyos resultados no son legalmente de cumplimiento obligatorio para el presidente electo, serán frecuentes el próximo sexenio, bastando solamente la instrucción del Ejecutivo federal para poner a debate cualquier cosa, incluso aquellos temas que no son ni deben ser nunca cuestión de mayorías y saltándose los mecanismos que otorgan las leyes para tales supuestos.

Extra: publicó Excelsior el 18 de agosto que el 46% de los 500 nuevos diputados no tienen estudios superiores, provocando la crítica y la ironía en redes sociales. Habría mejor que reflexionar qué porcentaje de los mexicanos tienen siquiera acceso a esos niveles educativos y si no será que esa representación es reflejo de nuestra realidad social. Además, claro, preguntarnos a quiénes están candidateando los partidos políticos.