13 de Diciembre de 2017

Opinión

6% de los votos

A diferencia de Francia, el sistema político mexicano limita las posibilidades de cambio político a través de elecciones.

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 En la elección presidencial francesa, el Partido Socialista, actualmente en el gobierno, alcanzó tan sólo un seis por ciento de la votación. Se trata de una reprobación social general al gobierno de François Hollande, que de esta manera paga sus propios errores, por una parte, y condiciones internas y externas sumamente desfavorables y fuera de su control, por la otra. El desplome socialista en el plazo de un quinquenio revela, sin embargo, la fortaleza de la democracia francesa: la perdida de consenso del partido en el poder se tradujo en una reducción equiparable de votos, los programas políticos alternos convencieron a importantes segmentos de población, que en la misma medida sufragaron en su favor y, finalmente, se desarrollaron nuevas opciones partidistas.

Estas fueron un canal eficaz para encauzar el descontento social, al grado de que fue una de ellas, En Marcha, de Emmanuel Macron, la que logró la votación más alta en la primera vuelta, seguida muy de cerca del ultraderechista Frente Nacional, de Marine Le Pen. Las elecciones, que significarán un cambio general de los equilibrios del poder en Francia, se reiteraron por lo pronto como el instrumento socialmente aceptado como idóneo para dirimir el conflicto político inherente a cualquier régimen. Un proceso semejante en México es imposible, en perjuicio del sano desarrollo político del país.

En nuestro país, un partido gobernante no puede perder una elección con un seis por ciento de la votación, pues esto está, para efectos prácticos, prohibido por la ley. Me explico: en México, las leyes imponen un modelo específico de partido, el partido nacional de amplia presencia territorial y orgánicamente de masas. Un partido que no cumpla con los requisitos de tener un elevado número de miembros en la mayor parte del territorio nacional simplemente no puede obtener permiso del Estado para competir en elecciones. Esto tiene dos implicaciones que impiden directamente un escenario de irrupción ciudadana como el ocurrido en Francia. Por un lado, una corriente política emergente, aunque tenga amplio respaldo social, no puede competir en los comicios, pues el registro electoral que lo permite sólo se puede tramitar en el año posterior a una elección presidencial y con un mínimo de seiscientos mil afiliados. Por el otro, los partidos que ya tienen registro, dado el número de militantes que tienen que tener, gozan de una base de voto cautivo muy amplia, que evita que la reprobación social se refleje plenamente en las urnas. Así, con grandes candados para impedir la participación de nuevos contendientes, y grandes salvaguardas para amortiguar las derrotas de los partidos viejos, el sistema político limita las posibilidades de cambio político a través de elecciones y con ello disuelve el consenso que éstas lograron en México como instrumento adecuado para encauzar el conflicto social.

 

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