No bien capturado Javier Duarte, su detención había ya sido descalificada por una masa opinante, mucho más amplia por cierto que la que llena las cada vez más efervescentes redes sociales. La idea es que la aprehensión se dio por la necesidad del PRI de lograr una opinión pública favorable que le ayudara a ganar la elección de gobernador en el Estado de México, por lo que no refleja una auténtica intención de actuar en contra de los gobernadores corruptos y no es un acto de legítima persecución del delito. No puedo estar de acuerdo con las premisas de este argumento.

Contra lo que pretende el discurso de muchos políticos y opinadores, una sana democracia debe excluir al máximo, como condición para el buen gobierno, la virtud de quienes lo ejercen. Esto se funda en elementos de realidad muy claros. El gobierno, el poder, genera por sí mismo ambición. Lógicamente, muchos ambiciosos, quizá sólo ambiciosos de poder, fama o dinero, llegarán a ocupar puestos públicos; tanto más si se considera la fiereza con la que esas posiciones se disputan. En consecuencia, es irracional diseñar un sistema de administración del poder público -un sistema político- que requiera para funcionar adecuadamente de personas sin hondas ambiciones personales, que por definición son filtradas en la disputa política.

Por el contrario, un sano régimen de gobierno tiene que poder funcionar con las personas ambiciosas que adquieren poder. Esto se logra con un sistema de adversarios políticos, idealmente partidos, en el que cada uno, movido por la ambición de desplazar al otro del poder, lo vigila y presiona sin cuartel, cebándose, legítimamente, en cada una de sus faltas. En esta lógica, ante la captura de un delincuente, especialmente de gran talla, lo importante es que ésta se haga; y si se hace por la ambición de no perder la elección mexiquense, estamos simplemente ante un rasgo funcional de la democracia mexicana. No importa si a los gobernadores prófugos se les captura de buen corazón o por avieso interés político, lo importante es que la mecánica del sistema lleva a su captura.

Otra cosa es que el proceso de detención de Duarte no revele ninguna falla del sistema. Desde luego lo hace y son muy graves. En primera instancia, la magnitud y larga duración de las violaciones legales del entonces gobernador delatan la impunidad en que durante su gobierno están todos los gobernadores del país; evidencia también que la posibilidad de penalizar a los gobernadores delincuentes depende de que pierdan la elección de su sucesor, pues ninguno de los que ganaron se enfrenta a problemas legales. Finalmente, aviva el cuestionamiento sobre la discrecionalidad en la persecución del delito.

Las tareas siguen siendo muchas.