Hace ocho años, durante el sexenio de Felipe Calderón, se firmó el “Acuerdo de cooperación México-OCDE para mejorar la calidad de la educación de las escuelas mexicanas” entre los altos mandos de la SEP y los especialistas sobre educación del organismo internacional y que, posteriormente, dio lugar a la reforma de planes y programas de estudio a partir del 2011. Muy criticado y cuestionado en su momento por ser un acuerdo cupular que en ningún momento consideró la opinión de los maestros y especialistas mexicanos. El resultado, el desplome total de la calidad educativa en nuestro país.

Rescato el dato por su relevancia ante la entrada del nuevo modelo educativo que, al parecer, será implantado fugazmente para ser removido o cambiado prontamente por el nuevo presidente que no será de la misma línea peñista, todo dependerá de cualquiera de los dos candidatos aventajados que llegue a la silla. Por ejemplo, si gana el joven maravilla (Anaya) las decisiones que se tomen en materia de política educativa seguirán dictadas por los organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En caso contrario, si el dueño del Tigre de Macuspana (López Obrador) se sienta en la grande, pudiéramos encontrarnos con una iniciativa de cambio formulada o creada, de manera independiente de intereses extranjeros, para atender las necesidades educativas y sociales de México; lo cual me suena a soberana utopía. Al debate y la pasarela política, los maestros debemos prestarle mucha atención por la coyuntura política debido al cambio de poderes durante este año, con lo cual se decidirá la continuidad o no de dicha reforma.

Con el tiempo veremos qué pasa, recordemos que, en 2013, la aprobación de la reforma educativa fue de manera impositiva con el amarre a nivel legislativo con el consenso de los partidos PRI, PAN y PRD, mediante el llamado “Pacto por México”; este consenso se logró con las cúpulas de los partidos políticos, pero nunca bajó a nivel de los maestros y las maestras, ni con los directivos escolares de la escuela pública. Aunque sí se realizaron consultas públicas en torno a la Reforma en 2014 y 2016, éstas fueron sobre hechos consumados, en otras palabras, la experiencia y la opinión de los maestros quedaron relegados a un segundo plano, como un factor NO prioritario y orientador de la política educativa.