12 de Diciembre de 2017

Opinión

Acido faccioso

El caso de las calles dañadas mueve a risa, pero es un delito grave.

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Me cuesta mucho trabajo imaginar que alguien pueda salir ganando del affaire del ácido, si es que no resulta a final de cuentas un evento perversamente maquilado. Vamos: darse a la tarea de comprar cantidades considerables de un ácido muy fuerte para verterlo simplemente, en altas horas de la noche, en una calle de nueva manufactura, más que ocioso me parece estúpido.

Como ingenua me parece la justificación que inventaron a botepronto quienes de manera interesada racionalizaron a su favor el hecho: dañar el prestigio del alcalde de Mérida, Mauricio Vila, que, a su parecer, cabalga en caballo de hacienda rumbo a la gubernatura del Estado o a su reelección. Y puesto el móvil, resultó fácil encontrar al hipotético perpetrador, con sólo responder a la manera de Séneca (si es que lo conocen): A quien beneficia el crimen es quien lo ha cometido y para ellos es obvio que es el maligno PRI.

Nada más simple, pero no necesariamente cierto. Porque hay otros actores políticos que pudieran beneficiarse de las pifias del alcalde: sus contrincantes de su propio partido a la candidatura gubernamental. Pero todo ello se derrumba cuando se comprueba que las obras de pavimentación aún no han sido recibidas por el Ayuntamiento, pues las empresas no las han terminado completamente, por lo que los perjudicados por la transgresión serían los constructores, no el municipio.

No obstante, tanto la magnitud del despliegue mediático, como la prisa por adjudicar culpabilidades, parecen sugerir que hay personas interesadas en hacerle un gran servicio al futuro candidato del PAN: encontrar la manera de vulnerar la credibilidad del gobierno de Rolando Zapata Bello, que a más de cuatro años de ejercicio sigue resultando el mejor calificado, ante el fracaso legal y social de la intentona reciente por hacer de la causa de Uber una demanda popular.

No sería la primera, ni probablemente la última vez en que los dirigentes de partidos políticos busquen utilizar las demandas judiciales como meros instrumentos de proselitismo partidista o como simples herramientas para desprestigiar a sus contrincantes, olvidando que quien juega con fuego puede resultar quemado. Porque, por encima de las filtraciones interesadas, ruedas de prensa artificiosas y notas favorables por encargo, a fin de cuentas la verdad suele imponerse.

Y la verdad legal es que el presidente del Comité Municipal del PAN, Jesús Pérez Ballote, ha sido denunciado ante las Fiscalía por los delitos de extorsión, amenazas y privación ilegal de libertad por Armando Moo Manzanilla, que ratificó que le ofreció 160 mil pesos por el “trabajo sencillo” de testificar falsamente sobre esos hechos ante la autoridad judicial. Lo que dejaría al presidente del PAN como responsable del atentado. Mueve a risa, pero es un delito grave.

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