El sketch, malo y de mal gusto, protagonizado por el ex fiscal para delitos electorales, Santiago Nieto, que en una semana pasó de campeón de la justicia a reo de desacato de la instrucción de un juez y sospechoso, según sus otrora defensores, de haberse vendido al PRI-Gobierno, ha demostrado una vez más la insulsa y enfermiza propensión de nuestra clase política a pretender sacar ventaja de cualquier evento de aventurerismo político, sin averiguar siquiera si tiene el mínimo sustento en la realidad. Lo peor es que se pretendió impartir justicia con ese criterio, es decir sin pruebas, a base de presunciones.

Porque, sin duda, resulta más fácil echar mano de los prejuicios de la gente que ponerse a trabajar, como es la obligación del fiscal, para recabar las pruebas que den sustento firme a una sentencia. Como cuando se anularon las elecciones para gobernador de Coahuila por haber rebasado los límites de los gastos de campaña, habiendo cuadrado las cifras con un supuesto pago a representantes de un partido que ¡nunca las llevó al cabo!, lo que fue rectificado por el Tribunal Electoral.

O cuando se pretendió implicar al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, de haber recibido recursos de Odebrecht para la campaña de Enrique Peña, basándose únicamente en la información periodística internacional que da cuenta de que esa compañía corrompió a los funcionarios petroleros de otros países latinoamericanos para apuntalar las campañas de quienes, a la postre, resultaron victoriosos.

Acusación que Nieto trató de apuntalar aduciendo, en el periódico Reforma, que era objeto de presiones para exonerar al acusado, a través de una carta que, cuando se hizo pública, dejó en claro que el ex fiscal es un mentiroso contumaz.

Acostumbrado a litigar mediáticamente, Santiago Nieto compareció ante todos los medios que lo acogieran, exhibiendo así sus debilidades, como cuando le respondió a Loret de Mola que él respetaba la libertad de expresión, cuando le preguntó si la publicación de Reforma se correspondía con sus declaraciones. Evidentemente no le molestaban mucho ni las primeras planas, ni ser publicitado como el fiscal vengador, adalid de la justicia y antigobiernista, aunque su trabajo dejara mucho que desear respecto a sus obligaciones. El acabose fue cuando se hizo público que había desacatado la orden del juez para que permitiera que el inculpado pudiera acceder a la carpeta de investigación en su contra, como corresponde al más elemental principio de Derecho. Eso precipitó su desistimiento a ser reinstalado.

Aunque no soy afecto a las teorías del complot, me parece que, justo a tiempo, las instituciones de justicia se han librado de un fiscal carnal de la oposición que avanzó mucho victimizándose. Urge uno imparcial… y más discreto.