20 de Septiembre de 2018

Opinión

Sin causa

No le queda otro camino a Uber y a sus interesados defensores que cumplir con la Ley,

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Como en la fábula en boga del burrito que se cayó al pozo y los vecinos decidieron enterrarlo para que no sufriera, pero que al final se salvó apisonando la tierra que le tiraban, resulta que a final de cuentas los yucatecos debemos agradecerle a los diputados del PAN por haber interpuesto la controversia constitucional sobre la Ley de Transporte del Estado de Yucatán, porque las resoluciones que ha venido tomado la Suprema Corte de Justicia al respecto no sólo crean precedente sino que resultan ahora inatacables.

Y es que, como comentamos antes, los del PAN, en un derroche de oportunismo, se habían aferrado a la causa de la transnacional, como quien busca una bandera popular, para sacarle raja política con miras electorales, aun en contra de la línea de acción de los representantes de Uber, que de ninguna manera se habían planteado la vía legal para defender a su empresa. Todo lo contrario, su estrategia, incluso de propaganda, se basa en aprovechar los vacíos legales que provienen de la imposibilidad de legislar sobre los avances tecnológicos, plataformas digitales en concreto, antes de que ocurran.

Así que la pinza que, involuntariamente, los del PAN cerraron con quienes propusieron hacer leyes para afrontar los riesgos a la seguridad pública y los conflictos creados por Uber, presentando la iniciativa de Ley aprobada por el Legislativo estatal, no pudo ser tener mejores resultados, pues la Suprema Corte de Justicia, el 22 de mayo, ha determinado:

  1. Que el Congreso del Estado sí es competente para regular las actividades de Uber
  2. Que dadas las características de los servicios que presta Uber debe ser considerada como una empresa de transporte
  3. Que por las peculiaridades de cada uno, los servicios de taxis y de Uber son diferentes y por lo tanto pueden exigírseles requisitos diversos.

Por lo tanto, no le queda otro camino a Uber y a sus interesados defensores que cumplir con la Ley, en consideración a que no hay otra instancia superior, valga la redundancia, a la Suprema Corte de Justicia.

Como siempre, han aparecido en las redes sociales personajes atrabiliarios, alineados con intereses electorales, que insisten en denostar al Gobierno del Estado por ser el autor de la iniciativa de la citada Ley, y que dicen que no están dispuestos a acatarla amenazando con movilizaciones sociales, sin caer en cuenta,primero, que cuando los diputados del PAN recurrieron a la Suprema Corte de Justicia, la responsabilidad sobre la constitucionalidad de esa Ley recae en el máximo tribunal y, segundo, que, como ha reconocido Uber México, esta ley también los beneficia.

No deben desanimarse los legisladores panistas, realmente sí existen causas sociales que puedan abrazar como plataforma electoral, sólo tienen que preguntarle a la gente cuáles son.

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