Hay ideas que, por repetición, no sólo llegan a ser tomadas como verdades, sino se convierten en dogma, en el sentido de “proposición tenida por cierta y como principio innegable”. Un ejemplo es la creencia de que cuando un problema social queda previsto en una ley su solución llegará de manera automática; tal es el caso de la violencia en general y específicamente la violencia familiar, temas complejísimos, conectados a una serie de variables que, a veces, se ubican más allá del control del Estado, de las familias y de los propios seres humanos.

De esta falsa creencia se deriva la falacia de que la profusión de decretos, leyes, reformas y sus derivados reglamentos, por sí misma, asegura un avance hacia la solución de los problemas.

Como normalmente (aunque no necesariamente) la creación de leyes viene acompañada de nuevas estructuras institucionales, de modo que lo único seguro es que muchas leyes no sólo engrosan nuestro orden jurídico, sino también el aparato estatal y por ende el gasto corriente del gobierno.

Y puede ocurrir también que la creación y aprobación de una ley se use o esté motivada por otros fines ajenos a su verdadero espíritu que es lograr una mejor convivencia social: electorales, políticas o incluso para complacer la opinión mayoritaria, sea ésta justificada o no.

Un asunto que cuenta con profusa legislación es el de la violencia familiar. Yucatán tiene quizás unas 50 leyes (más sus reglamentos), algunas muy antiguas, que deberían incidir (y se supone que para eso fueron legisladas) en el bienestar social y prevención de la violencia familiar.

Por ejemplo, tenemos la ley de salud, la ley para prevenir y eliminar la discriminación, la ley de la Procuraduría de la Defensa del Menor y de la Familia, la ley de prevención de las adicciones, la ley de protección para la familia, la ley de la juventud, la ley parala protección de los derechos de los mayas, la ley de acceso de las mujeres a la vida libre de violencia y un largo etcétera.

Para aplicarlas hay decenas de instituciones, programas y políticas que tienen un papel fundamental en la solución del problema, como son la Fiscalía General del Estado, la Procuraduría para la Defensa del Menor y la Familia, el Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, el Indemaya, la Secretaría de Educación Pública, etc. etc.

Lo importante es conocer cómo se están generando y coordinando entre todas estas instituciones las políticas públicas para ayudar a prevenir esta violencia y sus resultados.