Ya habíamos hablado aquí del caso del joven M.A.S., detenido el 23 de enero en las inmediaciones del metro El Rosario en la Ciudad de México y del deber del Estado para esclarecer los hechos no sólo como una obligación, sino porque se trata de la vulnerabilidad de jóvenes y en general menores de edad ante el poder del Estado que detentan las fuerzas de seguridad.

Como una reacción a este caso pendiente de resolver, el gobierno de la Ciudad de México publicó en mayo pasado un “Protocolo Interinstitucional para personas adolescentes detenidas por autoridad o probables infractoras en la Ciudad de México”, cuyo antecedente más inmediato era un protocolo de actuación policial para la detención de adolescentes de 2013.

El alcance mediático del caso y el apoyo de organizaciones civiles como la Defensoría por los Derechos de la Infancia (ODI), la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y el Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP), han permitido visibilizar: i) la falta de actualización en el papel y en la práctica de los cuerpos policiacos que suelen ser los primeros eslabones en la compleja maquinaria de la justicia y ii) la poca relevancia que sigue teniendo el tema de los adolescentes en lo referente al delito y al proceso penal.

En cuanto a la actualización de este Protocolo, es relevante que las autoridades, pero particularmente los policías y ministerios públicos, tengan bien presente que el tratamiento de las detenciones y los procesos judiciales en los que se ven involucrados adolescentes debe ser diferente al de los adultos (lo que no implica impunidad) al contar México con un Sistema Nacional de Protección Integral para niñas y niños y un sistema de justicia especializado. En el papel el Estado mexicano se ha esforzado por estar a la altura de la demanda internacional de reformar un sistema en el que diversas instituciones convergen para lograr un fin de reintegración a la sociedad.

Hay un marco de derecho internacional que el Estado mexicano y todas sus instituciones están obligados a respetar y de hecho la resolución 23/20128 mediante la cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decretó la medida cautelar 48-18 por el caso de este joven no es cosa menor y deberá servir como detonante para visibilizar la alta atención que aún requiere el tema de la justicia para adolescentes en nuestro país.