El 14 de noviembre de 2016, el Tribunal 1º de Enjuiciamiento del Estado emitió sentencia sobre el primer caso que la Fiscalía General del Estado (FGE) llevó hasta los juzgados como feminicidio. La sentencia fue condenatoria, aun cuando las circunstancias no habían aumentado para equiparar este delito, que está desde 2012 en nuestro Código Penal, con el Código Federal, ya que esta actualización ocurrió en junio de 2017.

Esto demuestra que es la investigación, y no sólo la gravedad de las penas, la que puede hacer que se haga justicia en un delito tan sensible como éste. Resulta difícil afirmar que un victimario, normalmente amigo o pareja de la víctima, se inhiba de cometer feminicidio ante la posibilidad de un castigo mayor. En el Estado de México, la pena de feminicidio llega a los 70 años y hay municipios con Alerta de Violencia de Género (AVG) declarada, pero los casos siguen sucediendo. En este tema, convendría a los gobiernos enfocarse también en otros aspectos: por un lado, la prevención y, por otro, políticas públicas de salud que lleguen a las comunidades y regiones considerando sus circunstancias socioeconómicas, identificando segmentos más proclives a este tipo de violencia; establecer patrones de comportamiento social, de consumo de drogas y alcohol y de condiciones que pueden ser detonantes, y acercar los medios de denuncia y de protección a las mujeres, bajo un esquema de trato adecuado. Pero sin tintes políticos ni electorales, destinando los recursos de forma eficiente. Las instituciones del Estado que se enfocan en la atención y protección primaria de las mujeres (los cuerpos de seguridad, los ministerios públicos, autoridades de salud y los institutos de mujeres) tendrían que llegar hasta donde se da el delito, atender de forma integral lo que comunidades y familias están manifestando como problemas que se reflejan en la violencia contra las mujeres.

Porque cuando un delito de tanto impacto social como el feminicidio se comete, incluso cuando se juzga, ya es demasiado tarde en el sentido de la pérdida, mayormente atroz, de la vida de una mujer, generalmente a manos de sus propias parejas o amigos.

No quiero dejar pasar el caso de la doctora Verónica Iniestra, feminicidio ocurrido en Edomex, por el cual fue sentenciado a 70 años su asesino. Verónica es prima de una amiga, que en su página de Facebook resaltó que se haya hecho justicia.

Pero si ninguna pena, por alta que sea, puede recuperar la vida de una mujer, deberíamos, sociedad y Estado, enfocarnos, sin descanso, en evitar que suceda.