Según los resultados del Índice Global de Impunidad de México 2018, Yucatán se ubica a dos sitios de transitar a un nivel de menor impunidad, es decir “podría mejorar su posición a corto plazo”. La pregunta es ¿de qué depende y cómo podría Yucatán lograr esto?

Revisando las cifras de este Informe, se puede deducir que, a nivel de cuerpos policiacos, el Estado creció en el número de elementos en sus policías.

Pero la función de la policía, que es preventiva y de seguridad, es sólo una parte en la cadena que hace funcionar un sistema de justicia. Mientras Yucatán no reduzca su déficit en materia de jueces y de ministerios públicos y aún de defensores públicos esta maquinaria no podrá dar mejores resultados. Por el contrario podría incluso empeorar.

Tampoco hay evidencia de que la solución, como a veces se quiere hacer pensar, para mejorar la seguridad sea endurecer las penas. Sí lo es, en cambio, una mejoría en i) el nivel de denuncia y ii) la eficacia de las investigaciones, ya que solo de este modo el juzgador puede, en el marco de un debido proceso, imponer castigo.

Sin embargo, el propio reporte apunta hacia un problema generalizado a nivel nacional que es la diferencia entre las averiguaciones previas iniciadas y el número de éstas que se convierten en procesos que llegan a los juzgados. Según el estudio, en Yucatán, de los 34,716 presuntos delitos denunciados, solo 1,193 son procesados en causas penales de primera instancia, lo que significa 3.43%.

Cabe señalar, sin embargo, que no todos los “presuntos” delitos resultan serlo, además de que algunos de ellos se arreglan con mediación desde la propia Fiscalía. Incluso la Fiscalía puede considerar, en una primera investigación, que no hubo tal delito y archivarlo.

Por eso, como ya hemos dicho aquí, la sociedad debería saber qué pasa y qué destino tienen esas 34,716 denuncias.

Lo que sí es un hecho es que es urgente abatir el déficit no solo de jueces (con 2.97 jueces por cada 100 mil habitantes Yucatán está ubicado en los niveles más bajos en el país), sino en agencias del MP que es de 1.27 por cada 100 mil habitantes, mientras que a nivel nacional es de 3.53.

También es un hecho, según este estudio, que “hay un problema en la integración de carpetas de investigación porque los jueces no reciben casos integrados por los ministerios públicos, no obstante (Yucatán) es una entidad con mayor incidencia de posibles delitos”.