17 de Noviembre de 2018

Opinión

Un diagnóstico alarmante

El poder de la pluma

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La semana pasada fue presentado el reporte Hallazgos 2017, realizado por el organismo México Evalúa y en el que se analizan diversas vertientes del sistema de justicia penal acusatorio vigente en todo el país.

Una de las que más llama la atención es la relativa a las capacidades institucionales, ya que en el sistema intervienen instituciones cuyo desempeño es crucial para lograr el fin del sistema: que los delitos no queden impunes. En éstas juegan un papel clave, por un lado la defensa pública y por el otro el asesoramiento a las víctimas.

México Evalúa se refiere en el reporte a las pocas capacidades de la defensa y de los organismos creados para atender a las víctimas y darles asesoría jurídica. Un dato que ejemplifica este hándicap es el promedio de la carga de trabajo de los defensores que es, a nivel nacional, de 209 imputados representados al mismo tiempo por un defensor, que en el caso de Nuevo León llega hasta 854.

No hay que olvidar que el papel de la defensa se ha redimensionado en el proceso penal, con capacidades de investigación y posibilidad de recabar y ofrecer medios de prueba que pueden incluso desvirtuar la existencia del delito y la responsabilidad de la persona a la cual se le está imputando ese hecho. Puede promover salidas alternas a favor del imputado e incidir de forma importante para que prevalezcan los principios rectores del sistema, entre estos el debido proceso.

Por su parte, la atención a víctimas se muestra como un foco que requiere una mirada urgente en este reporte, ya que la mayoría de las Comisiones Estatales de Atención a Víctimas solo cuenta con áreas jurídicas y “un número importante no están preparadas ni cuentan con personal suficiente, ni insumos suficientes” para brindar esta atención que es igualmente crucial en el sistema que también ha redimensionado los derechos de la víctima u ofendido contenidos en el artículo 20 de nuestra Constitución.

Pero, además, se ha reforzado el marco legal a favor de éstas en los órdenes estatales de gobierno. El diagnóstico de México Evalúa es realmente alarmante: sólo se cuenta con 23% de los asesores jurídicos necesarios para atender a 24 millones de víctimas.

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